Dolores Delgado ha asegurado que su labor previa como ministra de Justicia antes de asumir el cargo de fiscal general del Estado "no debe entenderse como una debilidad, sino como una fortaleza" en la actuación de un servidor público.
La Comisión de Justicia en el Congreso en la que ha comparecido Delgado se ha extendido durante 3 horas y media. Se trataba del último trámite que debía superar antes de ser nombrada fiscal general por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Según Delgado, "no debería llamar la atención ni debería producir desasosiego que quienes nos representan en el poder legislativo, quienes lo hacen en el ejecutivo y quienes desempeñan cargos judiciales o fiscales hayan podido ostentar alguna otra representación".
La exministra ha subrayado que el propio diseño del sistema preserva "la autonomía, la imparcialidad y la independencia" de los fiscales". En este contexto añadía que los representantes del Ministerio Público deben ser "autónomos frente al poder ejecutivo y responsables ante la sociedad".
"Reducir la Fiscalía a una institución bajo permanente sospecha" o presentarla como un organismo "sometido a los vaivenes políticos es injusto para todos los profesionales que cada día acuden a su puesto de trabajo para defender la legalidad", añadía.
Delgado ha afirmado que tiene la intención de reformar el Estatuto Fiscal y "abrir la institución a los ciudadanos para conseguir una Fiscalía del siglo XXI". También ha repasado su currículum ante los diputados y sus treinta años en la carrera fiscal y les ha garantizado que siempre ha actuado guiada por los principios constitucionales de "defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés publico" y con las víctimas como su "guía". Previamente, defendía el modelo de elección del fiscal, propuesto por el Gobierno y con intervención después tanto del poder judicial como del legislativo, comparándolo con los sistemas de elección de otros países.
Sobre la valoración de su nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial, Delgado apuntaba que el CGPJ se limitó a "constatar objetivamente si concurren" los requisitos exigidos en la ley; que el candidato es un jurista español de reconocido prestigio de más de 15 años de trayectoria. Recordamos que el CGPJ avaló su candidatura por 12 votos a 7, eliminando del informe palabras habituales en ese tipo de dictámenes como "idoneidad" o "méritos".
"Pueden no confiar en esta candidata, pero confíen en el sistema, confíen en el Estatuto del Ministerio Fiscal y confíen en la Constitución", pedía Delgado a los diputados tras garantizarles que su actuación se atendrá "siempre, siempre, al principio de legalidad, de imparcialidad y de transparencia".
El caso Villarejo y la abstención de Delgado
Luis Santamaría del PP, Javier Ortega Smith de Vox, y Edmundo Bal de Ciudadanos recordaban a Delgado que fue reprobada tres veces como ministra de Justicia, criticaban su actuación ante la causa del golpe del 1-O y rememoraban los audios de la comida que compartió en 2009 con el comisario José Villarejo.
Las tres formaciones preguntaban durante la comisión a Delgado si se abstendrá de intervenir en causas relacionadas con el 1-O o con Villarejo. Esta contestaba que se estudiará "caso a caso", porque no existen "causas generales de abstención", y ha precisado que la fiscal general interviene en "contadísimos asuntos".
Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha oficializado el cierre de filas con la decisión del Gobierno y ha destacado que Delgado cumple los requisitos legales para el cargo, con una "cualificación intachable", obviando que en su día Pablo Iglesias llegó a pedir que fuera apartada del Ejecutivo por estar manchada por las "cloacas del Estado".
"Mal me conocen quienes pueden llegar a pensar que una servidora pública con alma de fiscal puede traicionar principios y convicciones que le han llevado hasta aquí en los últimos 30 años", ha dicho Delgado, quien ha presentado como "aval" su trabajo en la "trinchera" y en los "despachos" y su relación con la Fiscalía cuando fue ministra.
El momento más tenso de la Comisión de Justicia tenía lugar cuando la portavoz de Bildu, Isabel Pozueta, acusaba a la Guardia Civil de torturas. Javier Ortega Smith de Vox le hacía frente y la presidenta de la Comisión, Isaura Leal (PSOE), le apagaba el micro alegando que no estaba en su turno de palabra.
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