El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado este martes un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el pin parental implantado en los centros educativos de la Región de Murcia a principios de curso, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) su suspensión cautelar "con carácter de urgencia".
El recurso, presentado por la Abogacía del Estado, llega un día después de finalizar el plazo del requerimiento que el Ministerio dirigido por Isabel Celaá remitió el pasado 17 de enero a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, instando a retirar de las instrucciones de inicio de curso esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en sus centros educativos.
En concreto, el recurso del Gobierno impugna dos instrucciones a centros docentes de la Consejería de Educación y Cultura de 29 de agosto de 2019. En ellas, se establecía se diera "conocimiento a las familias" de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y son impartidas por personal ajeno al centro educativo, "con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".
Además del recurso se ha presentado una pieza cautelar separada que, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia a Europa Press, se resolverá en menos de 15 días. Por lo tanto, en dos semanas se conocerá si el TSJM suspende de forma cautelar el pin parental de Murcia mientras se resuelve el recurso contencioso-administrativo.
El Gobierno de Murcia, formado por Partido Popular y Ciudadanos, ha reiterado que sólo retirará el 'pin parental' si así lo determinan las instancias judiciales. "Vamos a acatar la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia", ha asegurado este martes la consejera de Educación y Cultura de Murcia, Esperanza Moreno. Además, ha defendido que el pin parental implantado en la región está avalado "tanto por informes jurídicos como de la inspección de educación".
"Lamento muchísimo que esta sea la preocupación educativa que existe en la nación cuando tenemos problemas importantes sobre abandono educativo temprano o de financiación educativa", ha dicho la consejera Moreno, que espera reunirse pronto con Celaá tras anular, en la víspera, la cita que tenían prevista el pasado viernes en la sede del Ministerio en Madrid.
Celaá manifestó en los últimos días su esperanza de que Murcia "repusiera la legalidad", aunque este lunes, a pocas horas de que expirase el plazo del requerimiento, calificaba como "sorprendente" que mantuviera el pin parental por suponer "una vulneración del derecho a la educación" de los escolares, según la ministra.
"El Partido Popular lleva 25 años gobernando en Murcia y no han declarado jamás que hubiera adoctrinamiento. Es más, su presidente dice que no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué inventárselo?", dijo ayer Celaá, acusando al Gobierno presidido por Fernando López Miras de ceder ante grupos "fundamentalistas", en velada alusión a Vox, que exige el pin parental para apoyar los presupuestos en Murcia.
El requerimiento del Ministerio de Educación que solicitaba la retirada del pin parental fue enviado el pasado 17 de enero, días después de que PP, Ciudadanos y Vox alcanzaran un acuerdo para que la formación de Santiago Abascal apoyase los presupuestos de Murcia para 2002.
Iniciativa impulsada por Hazte Oír
El acuerdo incluía el pin parental a petición de Vox, y el Gobierno de Murcia pretende consagrar esta medida en un decreto, aunque la autorización parental será obligatoria sólo en actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración.
El denominado pin parental es una iniciativa impulsada por la organización Hazte Oír para que las familias puedan impedir la asistencia de sus hijos a talleres sobre diversidad afectivo-sexual, y el partido Vox la ha exigido también en Andalucía y en la Comunidad de Madrid para apoyar los presupuestos en estas comunidades gobernadas, sin mayoría suficiente, por PP y Ciudadanos. Sin embargo, los gobiernos andaluz y madrileño han mostrado su rechazo a implantarla.