El exconsejero madrileño Francisco Granados ha denunciado que la Fiscalía Anticorrupción "corta y pega" informes policiales y "manipula y falsea datos" en el marco de la trama Púnica.
En un extenso y duro escrito de 106 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa del exdirigente del PP madrileño se refiere al recurso presentado por Anticorrupción contra un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. En dicho auto, el magistrado Manuel García Castellón rechazaba una serie de diligencias solicitadas por el Ministerio Público, relacionadas con la tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana de la localidad de Valdemoro y con las obras realizadas por este Ayuntamiento en el periodo comprendido entre 1999 y 2014, al considerarlas "prospectivas y prescritas".
El letrado de Granados, Javier Vasallo. asegura en el escrito de alegaciones que "en el cálculo de la prescripción el Ministerio Público cae en un grave error, dicho en estrictos términos de defensa, toda vez que bajo el supuesto del tótum revolútum, utiliza al Sr. Granados como anclaje de la acusación dentro de la aprobación Plan General de Ordenación, cuando su única participación ha sido como alcalde desde el año 1999 hasta el 2003".
"A partir de allí", añade, "desaparece en la ejecución de cualquier tipo de mandato en esta aprobación del Plan General, teniendo en cuenta que su mandato en la Consejería de Transportes empezó desde principios de diciembre de 2003 hasta finales de diciembre de 2004, por lo que durante la aprobación Plan General no tenía función en la Consejería de Presidencia, y la Consejería de Transportes no tiene ninguna incidencia en el Plan General de Ordenación Urbano de Valdemoro en el 2004".
Según el escrito, "Fiscalía no detalla absolutamente nada respecto de mi representado y presenta un recurso absolutamente vacío de contenido y con falta de rigor, del cual se desprende el animus de acusar a mi representado insistiendo en imputarle hechos no sólo no concreta, sino que tampoco son correctos". "De hecho", continúa, "el recurso es un 'corta y pega' de informes elaborados hace años, fundamentalmente el Informe Integral de Investigación Financiera de fecha de entrada 3 de febrero de 2016, complementado posteriormente con el informe sobre las distintas irregularidades cometidas dentro del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valdemoro vinculadas con los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid".
"Es decir", prosigue el escrito de 106 páginas, "se mantienen las mismas conclusiones de entonces y se continúa sin aportar una sola prueba. Conclusiones absolutamente vacías de contenido y no están argumentadas ni se fundamentan en nada concreto, y son las mismas que hace 5 años y medio sirvieron de base para mantener a D. Francisco Granados durante 2 años y 8 meses en prisión preventiva, basándose en supuestos datos de enorme contundencia: metros cuadrados recalificados, sectores afectados, plusvalías generadas por los empresarios e incluso ganancias obtenidas en dichas operaciones por D. Francisco Granados".
"Concretamente", especifica, "700 millones de euros que no han sido acreditados y que, de hecho, Fiscalía solicita diligencias de prueba precisamente para su constatación, lo que insistimos, de todo ello parece que se deja entrever que se ha mantenido en prisión a mi representado arbitrariamente, pues 5 años y medio después de estas suposiciones inconsistentes, que han provocado graves consecuencias para el Sr. Granados, el Ministerio Fiscal solicita las mencionadas pruebas".
"Es decir, 5 años y medio después se solicita la información básica para iniciar una investigación que ya está prescrita. Esas son ahora las mismas afirmaciones que se copian y pegan cinco años y medio después en el mencionado recurso, sin apoyarse en ningún indicio, fabulando sin rigor, inventando pruebas inexistentes en el sumario, falseando datos a sabiendas e intentando convencer a la sala de que existen delitos continuados basándose en la nada más absoluta, que afortunadamente ya ha detectado el instructor", concluye.
El "desconocimiento supino" de la Fiscalía
El escrito de la defensas del exdirigente popular sostiene además que "la Fiscalía demuestra además un desconocimiento supino de los rudimentos del Urbanismo, incompatible con su labor, al preguntar ahora, 5 años y medio después, qué suelos pasaron de rústicos o no urbanizables, a urbanizables. La última tramitación de la revisión del PGOU con el Sr. Granados de alcalde fue la aprobación provisional de 15 de mayo de 2003. Ahí acaba la supuesta participación del Sr. Granados en la revisión del PGOU, un año antes de la aprobación definitiva".
"Falta interesadamente de nuevo a la verdad el Ministerio Fiscal cuando afirma que el sr. Granados era consejero de Presidencia cuando en mayo de 2004 el Consejo de Gobierno de la CAM aprobó el Plan General. El Sr. Granados tenía entonces como único cargo el de consejero de Transportes. El ministerio fiscal oculta deliberadamente que el Plan General vigente con el Sr. Granados de alcalde era el aprobado antes de que él llegara, en 1999, y que, consecuentemente, es materialmente imposible que, bajo su mandato, se adjudicaron parcelas a las empresas investigadas fruto del PGOU de 2004".
"La Fiscalía está manipulando y falseando los datos", asegura directamente la defensa de Granados que defiende el auto del magistrado rechazando las diligencias de Anticorrupción: "Entendemos que el auto dictado por el instructor no es absolutamente incongruente, sino ordenado, coherente y rigurosamente lógico, y demuestra un esfuerzo de lógica instructora aplastante en contra de la acusación, que no ha sido capaz, dicho en estrictos términos legales, de facilitar datos coherentes, objetivos y directos respecto de la supuesta participación del Sr. Granados, utilizando la mera sospecha como motivo de acusación".