A unas horas de la reunión que celebrarán en Barcelona este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Quim Torra, el Partido Popular ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra el sucesor de Carles Puigdemont.
El PP acusa a Torra de un "presunto delito de usurpación de funciones públicas" al haberse mantenido en su puesto de presidente de la Generalidad a pesar de haber sido inhabilitado por la Junta Electoral Central. Este órgano resolvió que el dirigente independentista había vulnerado la neutralidad en plena precampaña electoral al colgar pancartas en defensa de los políticos separatistas encarcelados por el 1-O. Decisión que fue respaldada por el Tribunal Supremo.
A juicio de los populares, "la pérdida de la condición de diputado comporta automáticamente el cese como Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de acuerdo con lo previsto en el artículo 152.1 de la Constitución Española y el artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña". Este punto dice que "el presidente o presidenta de la Generalitat es elegido por el Parlamento de entre sus miembros. Puede regularse por ley la limitación de mandatos".
En cambio, desde las filas separatistas interpretan este artículo de forma diferente y consideran que para ser presidente de Cataluña hay que ser diputado pero consideran que no debes abandonar el cargo si pierdes el acta.
Reunión Sánchez-Torra
El líder del PP, Pablo Casado, que este miércoles ha participado en el Congreso Nacional de Distribución de la Automoción, ha insistido en que Torra ya no es presidente de Cataluña y ha pedido a Pedro Sánchez que suspenda su reunión de este jueves.
Algo que ven prácticamente imposible en Génova 13 dado que el presidente del Gobierno "necesita los votos de Torra para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, como también necesita a ERC".
"Grave perturbación del orden constitucional"
Según reza el escrito del PP presentado ante el TSJC, "la situación provocada por el querellado produce además una grave perturbación del orden constitucional" por lo que "la continuidad en la delictiva actuación del querellado, asumiendo funciones que no le corresponden, perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y de España como nación, y es gravemente contraria a la Constitución, por lo que debe ponerse fin de inmediato a tan ilícito proceder".
Para ello, los populares piden que se pongan en marcha "las cautelas que procedan para que tan grave perturbación del orden constitucional no continúe por más tiempo", generando una "falsa apariencia de legalidad en la actuación de quien de manera consciente, deliberada y dolosa se sitúa al margen de la Constitución, y manifiesta con absoluta jactancia que pretende continuar hasta el final en tan ilícita conducta, con desprecio absoluto por el cumplimiento de la ley".