La aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Generalidad de Cataluña no fue un paseo militar, pero tampoco se encontró con las resistencias que se temían en el Gobierno. Según el que fuera secretario de Estado para las Administraciones Territoriales del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Roberto Bermúdez de Castro, hubo altos cargos políticos de la Generalidad que podían haber dimitido y sin embargo colaboraron activamente en la aplicación del artículo.
Hubo cargos que dimitieron y otros que fueron cesados. Notorio fue el caso de la directora de la escuela de policía de la Generalidad, Annabel Marcos, que había colaborado activamente en la organización del referéndum ilegal del 1-O (se la identificó portando urnas en su vehículo) y que fue destituida por el Ministerio de Interior en virtud del 155.
A otros dirigentes de la administración se les ofreció un cese honroso porque no tenían obligación de colaborar en la intervención administrativa, pero la mayoría rechazó tal opción. Fue el caso de Elsa Artadi, que entonces era coordinadora del ejecutivo regional y tenía un papel clave en el funcionamiento de la administración autonómica, y el de Pere Aragonès, que ocupaba el cargo de secretario de Economía.
Según ha declarado Bermúdez de Castro siempre que le han preguntado, tanto Artadi como Aragonès cooperaron lealmente y no pusieron ningún inconveniente, impedimento o reparo al 155 a pesar de sus conexiones políticas. En el caso de Artadi, Bermúdez de Castro subrayó su competencia y el grado de conocimiento que tenía de la administración catalana. En cuanto a Aragonès, en la actualidad mano derecha de Junqueras y candidato in pectore a la presidencia de la Generalidad, el exsecretario de Estado lo recuerda como una persona seria, discreta y obediente.
A pesar de que tanto Aragonès como Artadi fueron fundamentales para llevar a buen puerto el 155, la comisión de investigación en el Parlament no les ha citado a declarar. En cambio, los grupos sí que citaron, en balde, eso sí, a Mariano Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido, Jorge Moragas o Pedro Sánchez y la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Relatos truculentos
Quienes ya han pasado por la comisión son los golpistas presos y fugados, que se han caracterizado por sus truculentos relatos sobre la supuesta represión y la violación de derechos fundamentales perpetradas al amparo del 155. Puigdemont ha llegado a exigir al Estado que pida perdón y ha comparado la aplicación del artículo con el franquismo. Y la exdiputada de la CUP Mireia Boye ha declarado que el Estado llevó a cabo una guerra psicológica, que a ella la siguieron durante varias noches, que parejas de hombres la esperaban en su portal y que Marta Rovira le dijo que temía por lo que le pudiera ocurrir a su hija.
Los diputados que participan en la comisión (sólo de grupos separatistas) asisten conmovidos a estos testimonios y pretenden que comparezcan los presidentes del Banco de Sabadell, de la Caixa o del grupo Planeta junto a los políticos del PP, del PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, se han dejado a Aragonès y Artadi, que conocen de primera mano cómo se intervino la Generalidad entre otras razones porque tal cosa no habría sido posible sin su diligente colaboración.