Este viernes la Asociación de Abogados del Estado ha celebrado una asamblea extraordinaria después del escrito presentado por la Abogacía General del Estado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado y la filtración del borrador del escrito por parte del Gobierno a ERC.
Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la ex secretaria general del PP y abogada del Estado, María Dolores de Cospedal, ha liderado las intervenciones críticas sobre la politización de la Abogacía General del Estado. Otras fuentes consultadas sostienen que Cospedal criticaba en realidad que la Abogacía esté politizada y por tanto, defendería a la actual abogada general del Estado, Consuelo Castro. Lo cierto es que desde hace un mes la "confusión y la tensión" se ha apoderado de la Asociación de Abogados Generales del Estado y de la propia institución.
De hecho, el comunicado emitido por la asociación antes de que la Abogacía remitiera al Supremo su escrito sobre la inmunidad de Junqueras como eurodiputado provocó diferentes reacciones. Unos consideraban que se estaba criticando la "politización" de la Abogacía General y otros afirmaban que en realidad, se estaba respaldando la actuación de Consuelo Castro en este asunto. Una situación muy similar a lo acontecido este viernes durante la asamblea extraordinaria de la Asociación.
Durante la reunión, se ha votado si hacer o no un comunicado rechazando que se hubieran producido injerencias políticas en el seno de la Abogacía. El resultado habría sido de unos 170 votos NO y 130 votos SI. No obstante, los partidarios del NO, que casi eran la mitad de asistentes que los del SI, aportaron 100 votos delegados.
Según Confilegal, los cuatro puntos del comunicado eran los siguientes: "Una declaración de la Abogacía del Estado como un cuerpo apolítico; una declaración de apoyo a los compañeros; una reivindicación de que la Abogacía del Estado actúa siempre conforme a derecho y no siguiendo los dictados políticos del partido de turno en el gobierno; y por último, una tercera declaración de que en diciembre no se sintieron arropados.
Según las mismas fuentes consultadas por LD, el Ambiente "ha sido muy tenso" durante la asamblea y en algún momento, algunos de los presentes "casi llega a las manos". Sin duda, uno de los momentos más tensos de la reunión, se habría producido cuando se ha llegado a plantear por uno de los asistentes apoyar públicamente a Consuelo Castro.
La Abogacía, escandalizada
La Abogacía se mostró "escandalizada" con las presiones que recibió por parte del Gobierno socialista entonces en funciones de Pedro Sánchez para elaborar el escrito sobre la inmunidad de Junqueras. El exvicepresidente catalán fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión por sedición y malversación en el golpe del 1-O.
El TJUE sentenció que Junqueras tenía inmunidad como europarlamentario desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo. Tras conocerse el fallo, el Supremo daba traslado a las partes para presentar alegaciones en un plazo de 5 días hábiles, que venció el 2 de enero y que se prorrogó hasta el mediodía del viernes día 3.
Según fuentes jurídicas consultadas por LD, en la Abogacía existía una "gran preocupación e indignación" por la imagen pública que el Ejecutivo en funciones del PSOE estaba dando de la institución. Internamente muchos de sus miembros criticaban la utilización de la Abogacía para usos partidistas con el objetivo de que Sánchez pactara la investidura de Gobierno con los separatistas catalanes: "No somos la Abogacía del partido".
Las mismas fuentes consultadas sostuvieron que "no se entendía" que Sánchez y su equipo considerara que "la Abogacía General del Estado por ser una institución que depende jerárquicamente del Gobierno tuviera que actuar a su dictado". Por ello, existió "un gran malestar" interno en el organismo dirigido por Consuelo Castro.
Libertad digital desveló en exclusiva que la Abogacía del Estado estaba encontrando serias dificultades para que alguno de sus integrantes firmase el escrito sobre la libertad de Junqueras. En este contexto, "nadie quiere firmar el escrito" en el que supuestamente se pediría la excarcelación de Junqueras para acreditarse como eurodiputado.
La razón de las reticencias era el "difícil encaje jurídico" y que ninguno de los miembros querían quedarse "marcados profesionalmente" con dicha decisión. Otras fuentes jurídicas consultadas aseguraban incluso que en la elaboración del documento sobre la inmunidad de Junqueras habrían participado directamente "asesores" de la Moncloa.
Este "difícil encaje jurídico" de la excarcelación de Junqueras, aunque fuera temporal, provocó el retraso en la presentación del escrito que nadie quería firmar. De hecho, desde el Ejecutivo de Sánchez se trasladó la idea de apurar los plazos para remitir el escrito al Tribunal Supremo.
Recordamos que el que fuera abogado del Estado y actual diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, se negó a firmar el escrito de acusación de la Abogacía que recogía el delito de sedición y no de rebelión en el golpe del 1-O. Tras haber representado a la Abogacía durante toda la instrucción, Bal fue cesado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro y su cargo fue ocupado por Rosa María Seoane. Finalmente, fue Consuelo Castro la que firmó dicho documento. En el caso de que ningún miembro de la Abogacía quiera estampar su firma en el escrito sobre la inmunidad de Junqueras, previsiblemente Castro lo volverá a hacer.