El Tribunal de Cuentas reclama en su liquidación provisional una cifra de 4.146.274 euros a 31 personas que integraban el Gobierno del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, o eran altos cargos de la Generalidad por los fondos públicos supuestamente desviados a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Según las fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital, esta liquidación practicada "no es una sentencia", sino un acto administrativo y por tanto, ahora comienza la fase jurisdiccional. La cifra de 4,1 millones es el cálculo realizado por el instructor del procedimiento.
El Tribunal de Cuentas celebra este martes una vista que puede prolongarse durante gran parte del día. Se trata de un trámite similar al que tuvo lugar con la consulta ilegal del 9-N. Durante dicha vista, los abogados de los 31 citados, entre los que se encuentran el propio Carles Puigdemont, los golpistas huidos y los condenados por el Tribunal Supremo como Oriol Junqueras, intentan rebajar la cifra solicitada por el Tribunal de Cuentas de cara la liquidación definitiva. Si la cifra definitiva no fuese abonada, se procedería al embargo de sus bienes.
Una vez fijada la cantidad de dinero público desviada al golpe 1-O, se dará un plazo 15 días a los responsables para abonarla. Mismo proceder que en el 9-N, donde se condenó al expresidente de la Generalidad, Artur Mas, a pagar, solidariamente con lel resto de responsables 4,9 millones de euros.
En este procedimiento, ejercen la acusación la fiscalía del Tribunal de Cuentas, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Democracia.