La denominada Ley vasca de Abusos Policiales fue diseñada por el PNV para vender su propia versión de lo que ocurrió en el País Vasco durante los primeros años de la democracia. Con la equidistancia del PSE, permite poner en tela de juicio la labor desarrollada por las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo, a la vez que abría una rendija para que los miembros del entorno de ETA pudiera ser consideradas como víctimas de una supuesta represión.
El punto más polémica de la citada ley, aprobada en el Parlamento vasco en 2016 como "Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999", es la creación de un comisión extrajudicial que puede considerar víctimas a una persona sin necesidad de que así lo atestigüe una sentencia judicial.
Esta comisión es la que repartiría indemnizaciones que irían desde los 35.000 euros por una incapacidad permanente parcial a los a los 390.000 euros por una gran invalidez. Pero lo más llamativo es que también recibirán indemnizaciones aquellas personas que "tuvieron lesiones permanentes de carácter no invalidante, con un importe que se calculará en base a unos criterios asentados".
Poco después de su aprobación, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno Rajoy, pero con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se retiró el mismo. Sin embargo, la aprobación de una modificación de la misma en 2019 permitió al PP presentar un nuevo recurso. A la espera de que el más alto tribunal español se posicione sobre la misma, el Gobierno vasco abrió en septiembre el plazo para que quienes quieran presenten sus alegaciones para ser reconocidas como víctimas.
Pero, pese a que inicialmente parece que a quienes menos podía estar destinada era a los agentes de las Fuerzas de Seguridad y sus familiares, es posible que éstos encuentren un rayo de luz en esta ley. Es lo que considera la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), con representación en el Consejo del Instituto Armado, quien ha llamado este lunes a los agentes y familiares que estuvieron destinados en el País Vasco entre 1978 y 1999 a que se acojan a la misma.
"Hemos analizado en detalle la citada ley, y ya desde el mismo título hemos llegado a la conclusión de que si a alguien va dirigida la misma es a los guardias civiles y a sus familiares directos, todos aquellos que vivieron en el País Vasco, dentro de un cuartel o no, entre las fechas citadas. Hemos sido las víctimas más numerosas de esa banda terrorista, simples asesinos, secuestradores, torturadores y extorsionadores, que decían tener una motivación política", dicen desde la asociación.
"Nunca el Gobierno vasco, ni tampoco la sociedad vasca, nos han reconocido esa condición de víctimas durante cinco largas décadas, ni mucho menos han reparado todos los daños que allí sufrimos. Y nos tienen mucho que agradecer, entre otras cosas algo tan importante como la libertad que hoy en día allí se disfruta. Y no lo habían hecho hasta hora. Con esta Ley, aunque tarde, se hace justicia con miles de guardias civiles y sus familiares", añaden.
APROGC aconseja a "todos aquellos, guardias civiles y familiares, que en ese periodo residían en el País Vasco y sintieron de alguna manera que tenían que esconderse, que no podían salir a pasear, que tenían que mirar debajo del coche, que tenían miedo cuando su marido salía de patrulla, que lloraban desconsoladamente por algún compañero caído en atentado…" que comiencen a través del apartado de la página web del Gobierno vasco correspondiente los trámites para acogerse a esta ley.
Del mismo modo, incentiva también a "otros colectivos que fueron declarados como objetivos por la banda terrorista ETA" como "miembros de otras policías, miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios de prisiones, periodistas, camioneros franceses, trabajadores de obras públicas y todos aquellos cuyos nombres aparecieron en listas de potenciales objetivos a asesinar, secuestrar o extorsionar" que hagan lo mismo para ser damnificados por el Gobierno vasco.