Quim Torra se niega a acatar su inhabilitación como diputado y está dispuesto a forzar la máquina aunque le cueste el cargo y una imputación por desobediencia y prevaricación al presidente de la cámara regional, el republicano Roger Torrent. Según Torra, el dirigente de ERC estaría recibiendo unas "presiones" no sólo "insostenibles" sino "incompatibles con el Código Penal".
Torrent, por su parte, guarda silencio. Tiene 48 horas para remitir a la Junta Electoral Central (JEC) la documentación que certifique que Torra ya no es diputado del Parlament tras la última resolución del Tribunal Supremo, que rechazó la solicitud del equipo jurídico de Torra de suspender cautelarmente su inhabilitación como diputado.
El plazo vence el lunes, día en el que está fijado un pleno en el Parlament en el que Torra pretende ejercer como diputado, en síntesis votar las resoluciones que se sustancien en la cámara. Torrent se juega incurrir en los supuestos de desobediencia y prevaricación mientras que Torra no quiere caer solo sino que pretende arrastrar al presidente del Parlament en su caída.
Nota de la oficina de Torra
Mientras Torrent calla, la oficina de Torra ha emitido una nota en la que además de las "presiones insostenibles" amenaza con llevar ante los tribunales a la Junta Electoral Central por un supuesto delito de coacciones. De manera harto enrevesada, el comunicado apunta que "debemos recordar que aquel que, sin estar autorizado legítimamente, obligue a otro a realizar lo que no quiere, sea justo o injusto, estará incurriendo en un presunto delito de coacciones. Y en este sentido no renunciaremos a ejercer las acciones legales pertinentes, también de carácter penal".
Según la oficina de Torra, el Parlament no le puede privar del acta de diputado hasta que la sentencia no sea firme y la JEC es un "órgano administrativo incompetente para dictar la resolución por la que se le quiere retirar la condición de diputado".
"Ignorancia profunda del derecho penal"
Torra también amenaza a Ciudadanos y PP porque a su juicio "atribuirle la posible comisión de un delito de usurpción de funciones públicas no sólo demuestra una ignorancia profunda del derecho penal sino que se esgrime para coaccionar a los que defienden la soberanía del Parlamento". "Por tanto -concluye el comunicado-, el presidente de la Generalidad no dudará tampoco en ejercer las acciones legales oportunas en caso de que persistan estas acciones, que podrían estar incurriendo en un presunto delito de calumnias y/o injurias".
La nota omite por completo la resolución del Supremo adoptada por unanimidad en la Sala de lo Contencioso Administrativo y en contra del nuevo criterio de la Fiscalía en la que avala la retirada de su condición de diputado.
Recurso ante la Junta Electoral
Por otra parte, el todavía presidente ha presentado un escrito de alegaciones ante la Junta Electoral de Barcelona en el que afirma que la JEC no es competente para determinar su inhabilitación, que se están vulnerando de manera flagrante sus derechos y que hay vocales que deberían abstenerse para mantener la imparcialidad del órgano. También solicita que se paralice de manera cautelar la pérdida de la condición de diputado. Por su parte, Torrent ha convocado una reunión de la mesa del Parlamento para el lunes al objeto de tomar una decisión respecto a Torra.