El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado el próximo viernes en calidad de investigado al ex secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, por su posible implicación en Kitchen, un operativo parapolicial que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo sería sustraer información sensible del PP al que fue su tesorero, Luis Bárcenas, para ocultársela a la justicia.
Según han confirmado Europa Press en fuentes jurídicas, Martínez ha sido convocado este viernes a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga este asunto en la pieza secreta separada número 7 de la macrocausa Tándem sobre las actividades ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
Se trata del primer cargo político llamado a declarar como investigado por este asunto. Desde que en 2018 se iniciaran las pesquisas, las actuaciones se han dirigido ya contra el máximo mando de la policía en aquella época, el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, así como sus adjuntos y diversos comisarios e inspectores, incluidos el propio Villarejo y el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique Garcia Castaño.
Precisamente, en una de sus últimas comparecencias sobre este asunto, García Castaño aportó a la causa el contenido de dos móviles sustraídos a Luis Bárcenas en el contexto del operativo que él mismo volcó en un ordenador portátil adquirido ex profeso para poder mostrar la información a Francisco Martínez, tal y como informaron fuentes presentes en aquel interrogatorio.
García Castaño jugó además otro papel en aquel despliegue. Él personalmente entró en el despacho de la mujer de Bárcenas para buscar unos discos duros, haciéndose pasar por un cliente que llevaba un crucifijo a restaurar. Según su testimonio, no tuvo suerte. Intuyó que quizá otro de los comisarios imputados, Andrés Gómez Gordo, ya se los habría llevado.
Pero la pieza clave fue Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas. Fue captado por Gómez Gordo a razón de 2.000 euros al mes de los fondos reservados durante los dos años que se mantuvo el operativo. Los recibos de aquellos pagos estaban en poder de Villarejo y tenían reflejo en los archivos del Ministerio del Interior, que tras desclasificar el operativo, remitió los documentos que encontró a la Audiencia Nacional.
El ex UCAO siempre ha sostenido que se trataba de un operativo legal para buscar fondos ocultos y testaferros que Bárcenas habría estado ocultando a la justicia. También ha negado, como hizo en su día Eugenio Pino, que tuviese el nombre de Kitchen, el apelativo que habría dado Villarejo al asunto porque decía que Ríos parecía un cocinero.
Hay un factor más y es que a lo largo de estos meses de pesquisas son varios los implicados que han señalado a Martínez como responsable de los fondos reservados y como la persona que estaba al tanto del operativo, bien directamente por Villarejo, bien siendo informado por Eugenio Pino. El entonces director general de la Policía Ignacio Cosidó, un cargo político intermedio entre la secretaría de Estado y el DAO, no ha sido imputado ni llamado a declarar.