Un indulto 'por la puerta de atrás'. El Ejecutivo pretende que se abra paso en esta legislatura una reforma del Código Penal en la que se esconde el nuevo gesto del Gobierno a ERC a dos semanas de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra previamente al inicio de la mesa de diálogo entre gobiernos. Una reforma de la que el Gobierno no suelta prenda públicamente pero que se hizo noticia este lunes en la entrevista en TVE de Pedro Sánchez al ser preguntado por la rebaja en las penas del delito de sedición.
El presidente del Gobierno no lo confirmó pero tampoco lo descartó, como tampoco lo ha hecho este martes la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Montero fue preguntada hasta en cinco ocasiones por el tema, pero no quiso revelar nada al respecto porque se trata de un asunto en el que "no hay nada acordado en el seno de la coalición de progreso" y a cuya reforma "el Gobierno acude con una posición abierta".
Montero no reveló la posición de partida del Ejecutivo sobre la materia en contraste con la claridad manifestada en lo relativo a los delitos a las mujeres. El criterio del Ejecutivo es endurecer el Código Penal en los delitos que exijan el consentimiento en las relaciones sexuales, pero no desvela su posición en los delitos de sedición y rebelión. El motivo es la gran trascendencia que tendrá esta posición.
Según fuentes de Moncloa, la idea es "reformar el sistema penal de nuestro país que está desacompasado" y "no acorde a los tiempos". La fórmula sería una doble vía entre dos delitos que el Gobierno entiende que "son vasos comunicantes". De un lado "endurecer el delito de rebelión" para casos de "golpes de estado militares con violencia"; y del otro, "suavizar las penas de sedición".
¿Cómo afectaría a los presos?
Una posición que encierra un recoveco judicial que favorecería la salida temprana de los presos del 1-O. Cuando la reforma vea la luz, los presos podrían acogerse al principio de favorabilidad penal (principio pro reo) que determina que hay que aplicar la norma más favorable para los condenados. Un principio que permitiría que Junqueras pudiera acogerse a esta norma una vez aprobada, pero a lo que no se acogerá, según fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital, porque "antes recibirá el tercer grado" por parte de Instituciones Penitenciarias cuyo caso está en manos de la Generalidad de Cataluña.
Algo que "no tardará en llegar" habida cuenta de que lleva más de "dos años y medio en prisión. En definitiva, un gesto que "adecúa" las normas no sólo "a la realidad actual" sino también al criterio que Pedro Sánchez quiere que se le aplique a los presos del 1-O.