El Supremo tramita una causa contra Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, por patear a un policía

El Tribunal Supremo tramita una causa contra el diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía. No es la primera vez que Rodríguez protagoniza un incidente de este tipo. El Supremo archivó contra él una causa por desórdenes públicos en junio de 2018.

Según el escrito de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ministerio Público solicita para Rodríguez "6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena". Junto a Rodríguez están encausadas otras 5 personas por estos hechos.

Según el Ministerio Público, "Alberto Rodríguez propinó una patada al policía, quien sufrió traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla izquierda, requiriendo para su sanidad una única asistencia facultativa y cinco días, durante los que no estuvo impedido para desarrollar sus actividades habituales".

El escrito recoge que "el 25 de enero de 2014, por la mañana, se organizó por las Autoridades gubernamentales competentes un dispositivo policial en el centro de La Laguna (Tenerife) con ocasión de la inauguración de la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, a la que iba a asistir el ministro de Cultura (José Ignacio Wert), pues se tenía conocimiento de que se había convocado una manifestación bajo el lema de 'Rechazo a la LOMCE'".

"Sobre las 11:00 horas un grupo, de unas quinientas personas", añade, "se reunieron tras el vallado trenzado próximo a la Catedral y protegido por efectivos policiales y comenzaron a gritar: 'perros, hijos de puta', 'quitaos de enmedio, dejad a Wert en nuestras manos...'".

La Fiscalía relata que "en un momento dado una mujer, auxiliada por otras personas, comenzó a cortar los lazos que aseguraban la valla, llegando a dejarla pasar por su edad y que llevaba muleta, pero al negarse los agentes a que accediera al interior del templo, volvió al otro lado del vallado, momento en el que el grupo, que habría aumentado en unas doscientas personas, comenzó a arremeter contra el vallado, lanzando las vallas a los policías y diversos objetos (piedras, botellas de agua y tomates).

"En el curso de dicho enfrentamiento entre manifestantes y los agentes de policía que se hallaban de servicio y que se limitaban a proteger a las autoridades de una eventual agresión". Según el escrito, los otros 5 encausados propinaron patadas, puñetazos, estamparon pancartas en la cabeza o tiraron piedras a los agentes provocándoles lesiones de diferente consideración.

El estado actual de las actuaciones

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife remitió su escrito al Juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de la Laguna. Dicho Juzgado decidía abrir juicio oral y dirigir la acusación contra Alberto Rodríguez y los otros 5 encausados. Al estar Rodríguez aforado por ser diputado, el caso era remitido al Tribunal Supremo.

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que el auto llegaba al Supremo hace aproximadamente un mes. En estos momentos, se ha remitido la acusación contra el dirigente de Podemos a la Fiscalía del Alto Tribunal para que informe sobre su competencia y sobre si debe imputar a Alberto Rodríguez.

Posteriormente, la Sala Penal del Supremo tras recibir el informe de Fiscalía decidirá si el proceso sigue adelante, designando a un juez instructor y citando como investigado, previo suplicatorio, a Rodríguez.

La causa archivada contra Alberto Rodríguez

En junio de 2018, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luciano Varela, archivaba por prescripción la causa abierta contra el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, esta vez por en un presunto delito de desorden público fechado en diciembre de 2006 en La Laguna (Tenerife). El juez estableció que no había lugar a imputar al parlamentario y dictaba el sobreseimiento libre del caso.

La decisión es adoptada después de que Rodríguez declarase ante el magistrado Varela. El diputado pidió que se declarase extinguida por prescripción la eventual responsabilidad penal, y la Fiscalía estuvo de acuerdo con la citada petición. El magistrado instructor recordaba que la causa estuvo paralizada más de tres años.