PP, Vox y Cs arremeten contra el Gobierno por recurrir el pin parental

La implantación del conocido como pin parental en Murcia, fruto del acuerdo entre PP, Cs y Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de la región, ha motivado la rápida reacción del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha anunciado de inmediato un recurso ante los tribunales para impedir su aplicación, como ha confirmado el Ejecutivo este mismo viernes, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

La medida, impulsada por el partido de Santiago Abascal, exige la autorización expresa de los padres para que los alumnos participen en determinadas actividades complementarias pero dentro del horario lectivo como, por ejemplo, charlas LGTBI.

Se trata, de momento, de un compromiso adquirido por PP y Cs en Murcia para obtener el visto bueno de Vox a las cuentas públicas. Los partidos deben aún concretar cómo se pondrá en marcha y cuál será la vía para su tramitación.

La oposición denuncia que el Ejecutivo se ha dado mucha prisa en anunciar un recurso a una medida aún sin concretar, entrando en contradicción con su exigencia de "no judicializar" la política, y no lo hace, en cambio, para que el Gobierno de Cataluña aplique las sentencias judiciales que exigen que el español sea también lengua vehicular en esa comunidad, además del catalán.

Respuesta a Celáa

Tras la polémica, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado en Twitter que "mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias".
Su secretario general, Teodoro García Egea, también ha acusado a Sánchez de "adoctrinar" con "charlas extracurriculares" mientras "deja elegir si dan clases de religión o no". El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos establece que la religión no será computable ni tendrá asignatura alternativa.

En una rueda de prensa en Génova, García Egea ha asegurado que "esa autorización lleva funcionando en Murcia desde hace ocho meses" y que el Gobierno "se ha dado cuenta ahora". "Debían de estar muy ocupados abriendo embajadas en el exterior con Torra, Puigdemont y nombrando a Dolores Delgado Fiscal General ", ha ironizado.

El número dos del PP también ha respondido a la ministra de Educación, Isabel Celáa, que ha asegurado que "los hijos no pertenecen a los padres". "A quien no pertenecen los hijos son a la señora Celáa ni a Pedro Sánchez", ha asegurado. "Nuestro compromiso es con la libertad", ha añadido.

García Egea ha defendido así el pin parental de Murcia y ha dado libertad a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP para aplicar uno similar. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, aseguran que "garantizarán la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales".

En Madrid, explican, "habrá un nuevo mecanismo para asegurar y potenciar la libertad de elección educativa: los centros sostenidos con fondos públicos anunciarán en su programación anual, con anterioridad al plazo de inscripción, tanto el proyecto educativo como las temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas, con el fin de que los padres puedan conocerlas y tomar una decisión sobre la elección del centro que consideran más adecuado para sus hijos", explican fuentes populares. "De todas formas, se pueden estudiar opciones que se basen en la transparencia sin que mermen la autoridad del docente y Madrid ya goza de una gran libertad y no hay denuncias ni quejas por adoctrinamiento", añaden.

"Los enemigos de la libertad"

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido que el pin parental sirve para "dar libertad a los padres" sobre la educación de sus hijos y lo ha comparado con las actividades extraescolares que se organizan, y que requieren de la autorización de los progenitores, como ocurre con las excursiones.

"Los padres que quieran que sus hijos vayan a esas charlas podrán permitirlo y los que no quieran que adoctrinen a sus hijos podrán desautorizarlo", ha dicho Espinosa de los Monteros en una entrevista en Telecinco, donde se ha mostrado sorprendido por la polémica al asegurar que es una cuestión de libertad a la que sólo pueden oponerse "los enemigos de la libertad".

Por su parte, el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, se ha mostrado estupefacto ante el recurso del Gobierno por anunciarlo antes incluso de que se haya puesto en marcha la medida. En una rueda de prensa en el Congreso, Bal ha arremetido contra la "hipocresía" del Gobierno por no actuar igual cuando se trata de los derechos de los alumnos castellano hablantes en Cataluña.

"¿La señora Celaa ha puesto en marcha algún mecanismo para garantizar ese derecho de los padres y de los hijos?", se ha preguntado el diputado del partido naranja para a continuación responder que "no, porque eso enfadaría mucho a sus socios de Gobierno" ha subrayado, en alusión a ERC.

Aguado dice que no lo aceptará en Madrid

Se trata de una propuesta que Vox viene reclamando allí donde tienen representación e influencia para exigir su puesta en marcha. Es el caso de Andalucía, Madrid y Murcia. De hecho, el próximo objetivo será sacarla adelante con el gobierno comandado por Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, aprovechando la futura negociación en al Asamblea de Madrid para sacar adelante los presupuestos autonómicos.

En una entrevista con Aguado que publicará este fin de semana Libertad Digital, el número dos del Ejecutivo madrileño rechaza esa iniciativa. "Nosotros no vamos a aceptar el pin parental en un sistema educativo que está reglado" asegura, preguntado por la cuestión este jueves, horas antes de que se cerrase el acuerdo presupuestario en Murcia.

Precisamente Edmundo Bal ha asegurado, tajantemente, que "no va a haber decreto del Consejo de Gobierno de la región de Murcia que establezca ningún tipo de nueva autorización por parte de los padres con respecto a los cursos, charlas, formaciones que sus hijos reciban en el colegio", echando un jarro de agua fría a su posible puesta en práctica.

Fuentes del partido naranja aseguran que, en todo caso, prevalecen tanto la ley autonómica LGTBI como la de Violencia de Género, de carácter estatal, en las que se contemplan este tipo de charlas para los alumnos dentro del horario lectivo.