La 'desjudicialización selectiva' del Gobierno: recurre el pin parental murciano y retrasa los recursos de Cataluña

El Gobierno, inmerso en sus propias contradicciones. La doble vara de medir se ha hecho evidente este viernes en el Palacio de la Moncloa tras un Consejo de Ministros en el que se ha anunciado el recurso del Ejecutivo al llamado pin parental, la medida aprobada por el Gobierno de la región de Murcia, gobernada por PP, Ciudadanos y Vox. Un recurso que el Gobierno ha presentado en apenas 24 horas en contraste con los dos meses de "estudio" sobre las dos resoluciones aprobadas en el Parlamento catalán en el mes de noviembre en favor del derecho de autodeterminación y en clara desobediencia al Tribunal Constitucional.

Una desjudicialización selectiva, que beneficia a sus socios y perjudica a sus contrarios, que ha negado la nueva ministra portavoz María Jesús Montero porque "no es lo mismo" el conflicto catalán que "una vulneración de la norma" en materia de educación sexual, "no se puede comparar", respondió a preguntas de Libertad Digital.

Según Montero, es perfectamente compatible la acción judicial del Gobierno contra el Gobierno murciano con que se intente "desjudicializar" la política en Cataluña porque "si me permiten el tono coloquial, la política no se puede esconder detrás de las togas". Algo que "complica la resolución" de conflictos al inmiscuir al poder judicial.

Sobre el insólito retraso de los recursos del Gobierno a las resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán en noviembre sobre el derecho de autodeterminación, Montero aseguró que, después de dos meses, siguen en fase de "estudio". "Se está trabajando y el compromiso es firme. El Gobierno no va a permitir que el gobierno catalán se salte ninguna norma" y se disculpó en que "los procedimientos a veces son largos". Contradicciones que ha negado la portavoz del Ejecutivo porque, a su juicio, el pin parental supone una vulneración de la Ley de Educación, la Ley de Violencia de Género y los convenios internacionales.

Una línea que defendieron previamente la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la de Igualdad, Irene Montero, con argumentos similares. Según Celaá, "no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres", a lo que Montero añadió que "los hijos de padres y madres machistas y homófobos también tienen derecho a ser educados en Igualdad".