La elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado "ha enfriado" la negociación del PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ que preside Carlos Lesmes lleva en funciones desde el 4 de diciembre del 2018.
Según fuentes de la negociación consultadas por Libertad Digital, la designación de Delgado propuesta por Pedro Sánchez "no ayuda mucho" a desatascar la renovación del CGPJ. "Todavía no se ha fijado ningún calendario para comenzar a negociar". Sin embargo, "en los próximos días podrían comenzar los primeros contactos entre socialistas y populares", aseguran.
Otras fuentes consultadas señalan la Semana Santa como fecha clave en la que el nuevo CGPJ pudiera echar a andar. En ningún caso, por tanto, la renovación del Gobierno de los jueces "será inmediata". En principio, el nuevo ministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, protagonizará las negociaciones en nombre del Gobierno y del PSOE. Por su parte, el nuevo secretario de Justicia e Interior del PP y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el magistrado Enrique López, tenga un peso importante en las negociaciones en nombre de los populares.
Lesmes remitió en diciembre sendas cartas a las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, respectivamente, recordando la obligación de ambas cámaras de adoptar las medidas necesarias para que la renovación del órgano de gobierno de los jueces se produzca en plazo. Ésta era la tercera ocasión en la que el presidente del Poder Judicial se dirigía a los presidentes de las Cámaras legislativas instándoles a proceder a la renovación del CGPJ.
Por su parte, los populares ya presentaron en el pasado ante el Senado una enmienda para reformar la ley orgánica del poder judicial "para volver al sistema de elección que consagra la Constitución y fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes en España". El líder del PP, Pablo Casado, mantendrá su criterio respecto a esta iniciativa y no estará dispuesto a negociar con el sistema actual, complicando la renovación del CGPJ que requiere una mayoría de 210 diputados.
Antes de la renovación, el pleno del CGPJ tendrá que emitir este jueves su dictamen sobre la "idoneidad" del nombramiento de Dolores Delgado. Tal y como desvelaba este diario, los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial no descartan plantarse ante la propuesta de que la exminsitra de Justicia se convierta en fiscal general.
Según fuentes jurídicas consultadas por LD, las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias respaldando a Delgado, tras haberla criticado por estar salpicada en el caso Villarejo, han soliviantado a los vocales conservadores que estarían cada vez más decididos a poner negro sobre blanco en su dictamen que Delgado no es "idónea" para el cargo, aunque el dictamen sea favorable a su nombramiento.
'Candidatos' a presidir el CGPJ y el Supremo
En los últimos meses, se han barajado muchos nombres para sustituir a Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo. Algunas fuentes apuntan que el Gobierno socialista sería "partidario de elegir a una mujer para el cargo".
En este contexto, suenan la magistrada de la Sala Penal del Supremo, Ana María Ferrer; la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Pilar Teso; o la magistrada del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca. También ha sonado nombres como el del magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que fue el ponente de la resolución que avaló la exhumación de Francisco Franco, Pablo Lucas.
La renuncia de Marchena a presidir el CGPJ
El último intento por renovar el CGPJ tuvo lugar en noviembre de 2018. En esta fecha, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, renunciaba a presidir el Gobierno de los jueces y el Supremo, tras la publicación de un mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
En dicho mensaje dirigido a sus 146 compañeros de la Cámara Alta, Cosidó presumía de que con el acuerdo su partido seguiría controlando "por detrás la Sala Segunda" del Tribunal Supremo, encargada de juzgar el golpe del 1-O.
El propio Marchena explicaba su renuncia en una carta: "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal. Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional. Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial".