La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), ha acordado este martes una propuesta de dos días de permiso para estar fuera de prisión para el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Según ha informado la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Consejería de Justicia, la propuesta será enviada al Servicio de Clasificación, que es el órgano con la facultad de aprobarla.
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han solicitado su primer permiso al cumplir la cuarta parte de su condena de nueve años por delito de sedición, dictada en octubre por el Tribunal Supremo tras el juicio por el golpe del 1-O.
Este primer permiso de salida, de 48 horas no requiere del aval del juez de vigilancia penitenciaria, sino que recae en la Consejería de Justicia catalana. De esta forma, la Generalidad informará de la resolución del Servicio de Clasificación.
Al estar clasificados en segundo grado, la resolución de los permisos corresponde, cuando son entre uno y dos días, al Servicio de Clasificación de la Generalidad, y de entre tres y siete días, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Sànchez y Cuixart podrán acceder hasta a 36 días de permisos al año, con su clasificación de segundo grado, con un máximo de siete días consecutivos.
Recordamos que la cárcel donde permanecen presos 'los Jordis' propuso el pasado mes de diciembre la clasificación en segundo grado de éste y el resto de condenados por el golpe del 1-O. La Consejería que dirige la dirigente de ERC, Ester Capella, deberá rechazar o confirmar en un plazo máximo de dos meses dicha decisión, por lo que podría conocerse a mediados de febrero.
Precisamente, la propuesta de las Juntas de Tratamiento de clasificar en segundo grado a los golpistas encarcelados provocaba un enfrentamiento entre ERC y JxCat, los socios del actual Gobierno catalán. Desde el partido de Quim torra, no ocultaron su "decepción" por la decisión de los técnicos de prisiones, mientras que los dirigentes de ERC se ampararon en que era una decisión "técnica".