El magistrado y diputado del PSOE, Juan Carlos Campo, es el elegido por Pedro Sánchez para dirigir los designios del Ministerio de Justicia en uno de las etapas judiciales más difíciles y convulsas de nuestra historia. Su piedra de toque, que marcará su futuro como ministro, será sin duda la elección del nuevo fiscal general del Estado, tras la más que sonada salida de María José Segarra.
En el Ministerio Público temen que el Gobierno de Sánchez con Pablo Iglesias traiga un nuevo fiscal general más permeable a los deseos del nuevo Ejecutivo, que permita un acercamiento a los separatistas. Este cambio de criterio podría "provocar enfrentamientos internos" con el resto fiscales, si el nuevo fiscal general que se dedicara a seguir las órdenes del Ejecutivo en contra de la independencia del Ministerio Público.
En este contexto, la actuación de Campo será capital. El fiscal general del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión y tiene carácter de autoridad en todo el territorio español.
Fuentes del entorno de Campo consultadas por Libertad Digital consideran que es una persona que "no es sectaria" y que "respeta" la autonomía de jueces y fiscales". Ahora como ministro tendrá la oportunidad de demostrarlo, con su primera gran decisión: el sustituto o sustituta de Segarra. Su nombramiento como ministro no ha sido una sorpresa. Era sin duda el favorito en las quinielas, y con su elección se ha pedido un voto de confianza al mundo judicial por parte del Gobierno de coalición social-comunista.
Durante estos meses, no se descartaban como ministros otros perfiles con nombres más conocidos y polémicos como Baltasar Garzón y Manuela Carmena que sólo hubieran servido para hacer explosionar más si cabe un maltrecho mundo judicial, gravemente erosionado por el golpismo catalán. En principio, se ha optado por una persona más "moderada", pero deberá demostrarlo.
Aún resuenan las lamentables palabras de Pedro Sánchez durante su discurso de investidura en referencia a la acción judicial en Cataluña: "La deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española". Tampoco han gustado nada los ataques proferidos por los dirigentes podemitas tachando de "ultraderechistas" o "reaccionarios" a los jueces.
Entre los grandes amigos de Campo, se encuentra el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que desde hace meses suena como su posible nº 2 en el Ministerio de Justicia. No obstante, De la Mata ha optado a una plaza en la Sala Penal del Tribunal Supremo. También se asegura que mantiene una estrecha amistad con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, y una relación sentimental con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
Precisamente en el Congreso, Campo protagonizó un bronco debate acerca de la prisión permanente revisable. El nuevo ministro de Justicia arremetió duramente contra Ciudadanos y el PP utilizando el asesinato del pequeño Gabriel, lo que acabó en gritos y abucheos por parte de la bancada popular.
Ahora Campo se enfrenta a un momento crítico en lo político y en lo judicial para desempeñar su función. En su mano, tendrá la oportunidad de hacer olvidar la gestión de su predecesora en el cargo Dolores Delgado, marcada por el caso Villarejo, y que ha centrado su efímera gestión en la mal llamada "memoria histórica" con la exhumación de Franco o en la "lucha de género judicial" con una labor muy sesgada y politizada.
En principio, Delgado podría volver a su plaza como fiscal experta en terrorismo yihadista en en la Audiencia Nacional y debería abstenerse si en el futuro se enfrenta a un caso en el que intervengan partidos políticos. Fuentes cercanas a Delgado aseguran a este diario que "podría continuar como diputada socialista rasa en el Congreso".
Trayectoria judicial y política
Juan Carlos Campo nació en Osuna (Sevilla) en 1961 y es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. En 1987 ingresó en la carrera judicial, que ha ejercido en juzgados de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y Jerez de la Frontera. Entre 2001 y 2008 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y en diciembre pasado ganó por concurso una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque no se incorporará a ella.
La trayectoria política de Campo se remonta a 1997, cuando fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, cargo en el que se mantuvo hasta 2001. También ha sido secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía y es diputado del PSOE desde 2015, ejerciendo la portavocía de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista. Además, es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y a finales de 2019 recibió de manos del Consejo General de los Procuradores el premio "Excelencia y calidad en la Justicia".