La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha denunciado que la Fiscalía Anticorrupción intenta influir en la opinión pública y en el magistrado instructor de la trama Púnica para conseguir que la procesen en esta causa corrupta por la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.
En un escrito de 7 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de la expresidenta regional hace referencia a la información de la Cadena Ser que avanzaba que "Anticorrupción solicitará en los próximos meses el procesamiento de Aguirre, como principal responsable de la financiación ilícita de la formación conservadora entre 2004 y 2013".
Según el escrito de la defensa de Aguirre remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garcia Castellón, si el artículo publicado por la SER es cierto "estaríamos, a nuestro juicio, ante un intento de generar un estado de opinión pública que se proyectara sobre el procedimiento y, evidentemente, sobre este Ilmo. Juzgado Instructor de la causa".
"Ello tendría", añade, "una lógica, eso sí, perversa por abiertamente contraria a la buena fe y a la probidad procesal, pues ante la ausencia de indicios de criminalidad que sustenten una imputación a nuestro juicio notoriamente genérica, carente de pruebas y carente de objetividad, intentar paliar la ausencia probatoria recurriendo a criterios alternativos de inferencia y puras especulaciones que, desde luego, no cumplen con las exigencias y garantías consititucionales de un justiciable".
"A este respecto, la sustitución de unos medios de prueba objetiva por un criterio de inferencia basado en especulaciones e hipótesis es sugerente de la eventual veracidad del contenido de la noticia publicada, teniendo en cuenta como en este caso los tres ejes sobre los que se realiza el artificioso relato de la Fiscalía en su informe del pasado mes de agosto, previos los informes ad hoc de la UCO, entendemos que se han demostrado inveraces, irreales y carentes del más mínimo rigor", sostiene el letrado de Aguirre.
En este contexto, califica de "abiertamente inveraz" que existiera una reunión del Consejo de Gobierno en el que se decidiera la adopción del logotipo 'Madrid La suma de todos' para la comunicación institucional y la publicidad de la Comunidad de Madrid y que en ella se impartieran órdenes o instrucciones para la contratación de Horacio Mercado y sus empresas.
También afirma que la UCO "asombrosamente" dictamina que es "nula" la cláusula del 1% en algunos contratos públicos de la Comunidad de Madrid, a pesar de que ha pasado por "todos los filtros de la Administración sin objeción alguna". "Es una aberración jurídica", añade. Recordamos que los investigadores sostienen que el PP de Madrid se financió ilegalmente a través de dicha cláusula.
Por último, el escrito tacha de "falso" y "absurdo" acusar a Aguirre de "promover una iniciativa legislativa que concentrara y centralizara la gestión de los recursos publicitarios y de comunicación de la Comunidad de Madrid, como mecanismo idóneo para retribuir regalías y favores" ya que "tal competencia está presente en la legislación de la Comunidad de Madrid desde antes de que Esperanza Aguirre tuviera el honor de presidir su gobierno".
Un "fraude procesal"
La defensa de Esperanza Aguirre también a alude a una información desvelada por este diario. Concretamente que la Fiscalía Anticorrupción ha sondeado a exalcaldes del PP imputados en casos de corrupción para que presenten una declaración incriminatoria contra la expresidenta madrileña.
El escrito remitido al juez instructor recoge que en el caso de ser cierto el contenido de la información "ello representaría un verdadero fraude procesal, sin perjuicio de otra calificación más adecuada, pues supondría la retribución de in testimonio con la específica condición de que este fuera de contenido incriminatorio contra mi representada".
"Lo cual", añade, "sería además la retribución de un testimonio falso, pues Dña. Esperanza Aguirre es rigurosamente ajena a cualquier delito que, a falta de prueba real, se pretendería hacer engañosamente figurar mediante un repugnante facio ut facias (hago para que hagas), hecho este gravísimo e intolerable en un Estado que pretenda ser de Derecho".