La Fiscalía Anticorrupción ha sondeado a exalcaldes del PP imputados en casos de corrupción para que presenten una declaración incriminatoria contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la trama Púnica.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputaba en la causa a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en septiembre junto a otras 40 personas en un auto menos duro y contundente que el informe presentado previamente por la Fiscalía. La investigación de la causa deberá finalizar en junio, al cumplirse 6 años del inicio de la instrucción.
Según fuentes del caso consultadas por Libertad Digital, Anticorrupción está buscando exregidores populares que involucren directamente a Aguirre en la supuesta financiación ilegal del PP y que por tanto, avalen su tesis de que la expresidenta regional "estaba al tanto de todo". Una tesis que no habría quedado demostrada a lo largo de la investigación y que se apoyaría en argumentos hipotéticos.
De esta forma, los exalcaldes que decidan declarar en contra de la expresidenta madrileña y "colaborar con la justicia", podrían conseguir una rebaja en la petición de pena del Ministerio Público. Por ello, no se descarta que algún exregidor acepte el acuerdo de la Fiscalía y presente un escrito próximamente señalando a Aguirre como responsable de la financiación ilegal del partido.
No obstante, las mismas fuentes del caso consultadas por LD sostienen que la declaración de un exalcalde podría no ser suficiente para que se consiga su procesamiento, ya que no tendría valor, si el exregidor no formaba parte del aparato de financiación, ni ostentaba un cargo en el PP de Madrid. Esta circunstancia supondría que difícilmente podría conocer "las posibles decisiones internas" que la formación hubiera adoptado sobre su financiación y menos aún si éstas hubieran sido irregulares.
Fuentes presentes en la declaración de Aguirre el pasado mes de octubre aseguraron a este diario que las fiscales de la causa, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, no pudieron rebatir las afirmaciones o las negativas de la expresidenta madrileña sobre su implicación en los hechos investigados, aportando "indicios sólidos" contra ella en la supuesta financiación ilegal del PP regional. Por ello, habrían apostado por intentar conseguir un testimonio incriminatorio directo contra la exdirigente popular.
En diciembre, la Cadena Ser avanzaba que "Anticorrupción solicitará en los próximos meses el procesamiento de Aguirre, como principal responsable de la financiación ilícita de la formación conservadora entre 2004 y 2013". La Cadena Ser apuntaba que aún se carecía de la 'pistola humeante', la prueba determinante y directa que asegurase 'una condena en un posible juicio'".
Dicha "pistola humeante" citada por la emisora del Grupo Prisa podría tratarse de la declaración de algún exalcalde del PP imputado en alguna de las tramas corruptas, tal y como apunta este diario. Precisamente, el presidente del Grupo Prisa, Javier Monzón, está también imputado en la Púnica.
Otros "pactos" de la Fiscalía en la causa
No es la primera vez que se habla de un posible pacto entre la Fiscalía Anticorrupción y uno de los acusados en esta trama corrupta. El considerado "cerebro" de la Púnica, el empresario David Marjaliza, habría alcanzado un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público a cambio de declarar contra el exconsejero madrileño, Francisco Granados.
El propio Marjaliza que se convirtió en "el azote judicial" de Granados durante toda la instrucción, tras ser arrestados ambos en octubre de 2014, siempre ha negado dicho acuerdo con Anticorrupción, pero sí reconoce públicamente que "colabora con la justicia". En todas sus comparecencias, ha vertido nuevas acusaciones contra el exconsejero madrileño presentando como pruebas documentos contables, que según reconoció en sede judicial, había elaborado él mismo con sus "recuerdos" junto a su equipo.
La declaración del exconsejero Lamela
Recordamos que el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, negó en su declaración en sede judicial del pasado 14 de octubre que la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, le pidiese contratar a empresas de la trama Púnica o que el PP de Madrid se financiara ilegalmente a través de la cláusula del 1% en las adjudicaciones.
En su comparecencia, Lamela aseguró que "desde el año 70 hasta el 2019, han existido las cláusulas accesorias en todos los contratos y en todas las administraciones desde el Estado, a las Comunidades Autónomas, pasando por los Ayuntamientos. Traigo 32 modelos que están disposición del Juzgado de estos contratos con cláusulas similares con el 1% que existían cuando llegué yo a la Comunidad de Madrid y que estaban siendo aplicadas por otras como el Ministerio de Fomento y existirán porque no están discutidas".
Lamela es abogado del Estado y ocupó la cartera de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007. En el año 2008, fue cesado de su cargo como consejero de Transportes. Según el propio exconsejero madrileño, perdió la confianza de Aguirre por haber apoyado a Mariano Rajoy en el Congreso Nacional que celebró el PP en 2008 en Valencia, circunstancia que da más credibilidad a su declaración.