La defensa del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que declare la nulidad de la sentencia por el golpe del 1-O y ordene su "inmediata liberación" para que pueda acudir al Parlamento Europeo y obtener su acta de eurodiputado. La petición se produce tras haber sido reconocida su inmunidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE el pasado jueves.
El abogado Andreu Van den Eynde realiza dichas peticiones en un escrito de 15 páginas que presenta a requerimiento del propio tribunal tras conocerse el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Todavía tiene que pronunciarse la Abogacía del Estado. Tras recibir todas las alegaciones, la Sala Segunda deberá adoptar una decisión respecto a la situación personal de Junqueras, que cumple condena firme de 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación como cargo público por un delito de sedición y malversación.
En su escrito, la defensa del líder de ERC exige a la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena que garantice el libre desplazamiento de Junqueras al Parlamento Europeo bajo la prerrogativa de inmunidad establecida en el artículo 9.II del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea, "dando lugar a su inmediata liberación".
El letrado de Junqueras también solicita que "tomando en consideración la exclusiva facultad del Parlamento Europeo para levantar la inmunidad de sus miembros y autorizar la tramitación de cualquier procedimiento penal", se declare en suspenso la tramitación de la causa en el Tribunal Supremo desde el pasado 13 de junio, fecha en la que se proclamó oficialmente a Junqueras como candidato electo a la Eurocámara, y en consecuencia, decrete la nulidad de la sentencia sobre el golpe del 1-O.
La Fiscalía ya solicitó la semana pasada tras conocerse la sentencia del TJUE que Junqueras fuera inhabilitado y perdiera su condición de eurodiputado. Según el escrito del Ministerio Público, "Oriol Junqueras Vies ha sido condenado en sentencia firme 459/2019, de 14 de octubre, dictada por esa Excma. Sala a las penas de 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta con la expresa privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviera el penado aunque fueren electivos e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, empleos o cargos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".
Por ello, el Fiscal interesaba la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación y la comunicación, a la mayor brevedad posible, al Parlamento Europeo la situación procesal del citado y que se remita la sentencia dictada contra él, a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de Europarlamentario".
Por su parte, Vox, que ejerce de acusación popular en la causa del 1-O, mantenía el criterio seguido por la Fiscalía al considerar que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE no afecta a su condena, y pedía ayer al Supremo que mantenga en prisión al líder de ERC y ejecute su inhabilitación.