Un jarro de agua fría se ha sentido este jueves en el cuadro de mando del Palacio de la Moncloa. En el gabinete de Pedro Sánchez se sucedían las reuniones para ver los posibles efectos de una decisión de la Justicia Europea que no esperaban en el Gobierno. Fuentes gubernamentales aseguraban en la víspera que la decisión del TJUE no sería, como ha sido, clara sino ambigua permitiendo al PSOE y a ERC continuar con su negociación, paralizada en estos momentos por los republicanos.
Siete horas después de la decisión de la Justicia Europea y 40 minutos después de que ERC le exigiera una valoración de la misma, el Gobierno publicó un comunicado -el primero que Moncloa publica para valorar una sentencia judicial-, de ocho puntos en el que se limitaba a "respetar y avalar las resoluciones de los tribunales españoles, así como los de los supranacionales, a cuya jurisdicción se somete en virtud de los tratados internacionales firmados por España". El Ejecutivo atribuye la decisión sobre la inmunidad de Oriol Junqueras a una "cuestión jurisdiccional adoptada en el ámbito de la independencia judicial", es decir, en la que no interviene el Gobierno de España y sobre la que será "el Tribunal Supremo el órgano que debe decidir ahora cómo da cumplimiento". La Abogacía General del Estado, añade el texto, "está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días".
Un escrito de la Abogacía del Estado que también avanzó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la medida en que actúa de parte del Gobierno. Calvo pidió abrir una "nueva etapa política" tras la sentencia del TJUE que es "herencia del Gobierno anterior" de Mariano Rajoy a quien el Ejecutivo acusa de "judicializar un problema político". Por ello, Calvo solemnizó que "ha llegado el momento en que la política esté sólo en la política", apremiando a ERC a retomar la negociación, pese a que mostró su disposición a "ayudar de la mejor manera posible" al Supremo a dar cumplimiento a la sentencia.
Pero lo más llamativo de las palabras de la número dos del Gobierno fue el emplazamiento, casi súplica, a ERC para que no abandone la mesa de negociación y mantenga las conversaciones con el Ejecutivo para lograr una investidura antes de fin de año: "tenemos que hacerlo viable" porque "hace falta un gobierno que tome decisiones sobre una salida" para el problema de Cataluña.
Decae la investidura el 30
Sin embargo, las palabras de Calvo contrastan con la que se escuchan en privado en los círculos gubernamentales. El escenario ha cambiado y el Gobierno está descolocado y midiendo las posibles consecuencias. Son conscientes de que esta decisión de la inmunidad de Junqueras y la inhabilitación de Quim Torra "dificultan y retrasan el pacto" con ERC. Las citadas fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital adelantan que el escenario de una investidura el día 30 de diciembre ha decaído. "Es imposible", explican a este periódico que se han frustrado los planes de Pedro Sánchez de tomarse las uvas como presidente.
En su lugar, se están barajando otras opciones y la fundamental pasa en estos momentos por otra investidura los días 2, 3 y 5 de enero. De una investidura el día de los Inocentes con juramento ante el Rey en Fin de Año, el Gobierno pasa a otra sesión el primer día hábil del año, el 2 de enero, con las votaciones los días 3 y 5, el Día de Reyes. Fechas que ya se han reservado en el Parlamento, ya que la investidura el día 5, domingo, obliga a habilitar la jornada en las Cortes para convocar al personal de la cámara.
Un escenario que, admiten, "es difícil" porque el Ejecutivo empieza a contemplar que el retraso sea aún mayor o que, incluso y en el peor de los casos, esto pueda frustrar el pacto. "Es posible pero no lo creo", dicen los interlocutores gubernamentales que muestran su preocupación porque ERC es rehén de la ofensiva de JxCat y la voluntad de Quim Torra y Carles Puigdemont quieran capitalizar la "nueva victimización por la opresión del Estado español".
En Moncloa descartan una convocatoria inminente de las elecciones catalanas porque "el botón rojo ya no lo tiene Quim Torra", inhabilitado pese a que cabe recurso, sino Carles Puigdemont "que va a ser eurodiputado, eso es lo relevante", que Puigdemont recupera la batuta y "convocará elecciones cuando quiera".
Sea como fuere, el Gobierno tiene claro qué es lo que debe de hacer: "Quitarnos de en medio", desentenderse de las decisiones judiciales porque "no hemos sido nosotros quienes hemos judicializado esto".