La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto hoy procedimiento penal a la diputada de JxCat, Laura Borrás, por delitos prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, tras la petición realizada por la Fiscalía.
El Alto Tribunal adopta esta decisión para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona cuando la aforada era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal designa instructor de la causa al magistrado de la propia Sala Segunda, Eduardo de Porres, conforme al turno preestablecido.
El Supremo extiende su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero, el amigo informático de Borrás que habría recibido los contratos fraudulentos por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada, sin perjuicio de que el instructor, a la vista del resultado de la investigación, pueda proponer a la Sala lo que considere pertinente.
La diputada de JxCat será investigada por favorecer la adjudicación de 18 contratos irregulares de forma fraccionada a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando se encontraba al frente de la Institución de las Letras Catalanas ILC entre los años 2013 y 2017. El ILC es un organismo público dependiente de la Generalidad. Dichos contratos menores eran inferiores a 18.000 euros cada uno para escapar del control.
La Fiscalía del Supremo solicitaba hace dos semanas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que "se declare competente para la investigación de la diputada nacional Laura Borrás" y se "admita a trámite la exposición razonada a los efectos de proceder, previa concesión del suplicatorio por el Congreso de los Diputados o en caso de comparecencia voluntaria, a la toma de declaración de la citada diputada en condición de investigada, a la práctica de las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento y averiguación de los hechos, y a la adopción de las medidas cautelares que el desarrollo de la investigación demande y sean precisas a los fines del proceso penal".
"De cuanto se ha expuesto quedan evidenciados claros y contundentes indicios de simulación documental continuada por parte de Isaías Herrero y Laura Borrás a la hora de confeccionar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas que han negado su autenticidad. La finalidad última y única de esos documentos era su aportación a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual, encubriendo la decisión predeterminada de adjudicar todos los contratos a aquél y enmascarando el ilegal fraccionamiento contractual, motivos suficientes que impiden considerar como inocua esta conducta falsaria continuada", añadía el Ministerio Público.