Ya ha comenzado la cuenta atrás judicial para el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont; el exvicepresidente catalán condenado por sedición en la causa del 1-O, Oriol Junqueras; el actual presidente catalán, Quim Torra y la portavoz del JxCat en el Congreso de los Diputados y posible sucesora de Torra, Laura Borrás. Esta semana podrían producirse diferentes decisiones judiciales nacionales e internacionales que afectarían a los citados líderes separatistas catalanes.
El lunes, se celebrará en Bruselas la vista sobre la Orden Europea de Detención y Entrega OEDE cursada por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra Carles Puigdemont y los exconsejeros de la Generalidad huidos a Bélgica, Toni Comín y Lluis Puig. El Supremo reclama la entrega de Puigdemont y Comín por delitos de sedición y malversación, mientras a Puig sólo por malversación.
Previsiblemente, la defensa de Puigdemont pedirá aplazar la vista para esperar a la segunda decisión judicial importante de la semana, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras. La defensa del expresidente catalán fugado considera que la sentencia del TJUE de Luxemburgo puede ser un "elemento importante a valorar" en el caso también de Puigdemont y Comín, ambos eurodiputados electos.
Sin duda, puede afirmarse que la decisión del TJUE puede ser una de las más relevantes para la causa del 1-O. Antes de dictar la sentencia sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el Supremo presentó una cuestión prejudicial ante el citado tribunal sobre la inmunidad como eurodiputado de Junqueras, tras constatar que algunos magistrados del Tribunal Constitucional estaban maniobrando para amparar un eventual recurso del líder de ERC encarcelado.
El pasado 12 de noviembre, el abogado general del TJUE concluía que el tribunal ya "no es competente" para analizar la cuestión prejudicial sobre la inmunidad parlamentaria del golpista Junqueras, tras ser condenado por el 1-O. "Cuando el litigio principal pierda su actualidad, el Tribunal de Justicia dejará de ser competente porque su respuesta tendría carácter hipotético", aseguraba. El informe del abogado general de la UE no es vinculante, aunque el TJUE suele seguir su línea marcada, aunque se espera que en esta ocasión suceda lo contrario.
La resolución que adopte el TJUE probablemente no afectaría a Junqueras tras ser condenado por el Supremo a 13 años de prisión por sedición. Sin embargo, podría favorecer a Puigdemont ya que se le podría otorgar una inmunidad inmediata como eurodiputado electo. De esta forma, según fuentes jurídicas consultadas por LD, podría viajar a España y, tras ser detenido, sería puesto en libertad inmediatamente.
La hora de la verdad para Torras y Borrás
Esta semana también podría conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña TSJC contra el presidente catalán, Quim Torra, por negarse a retirar los lazos amarillos golpistas de los edificios públicos de la Generalidad tras los requerimientos de la Junta Electoral Central JEC. La Fiscalía Superior de Cataluña presentó una querella que inició esta causa y solicitó para el presidente catalán un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.
Según las fuentes de la causa consultadas por este diario, al reconocer Torra durante el juicio la citada desobediencia, previsiblemente sea condenado. Sin embargo, tras la sentencia, su eventual inhabilitación no será inminente y podría presentar en los siguientes 15 días el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Una vez presentado dicho recurso ante el Alto Tribunal, podrá ser inadmitido en un plazo de 3 meses. Sin embargo, lo más probable es que el recurso sea admitido a trámite. La Sala Penal del Supremo tarda una media de 11 meses en resolver estos asuntos. Además, Torra podría seguir siendo presidente catalán hasta que el Supremo se pronuncie 1 año después con una sentencia firme, si no hay convocatoria electoral en Cataluña. Eso sí, no podría presentarse a unos nuevos comicios.
Por último, en los próximos días el Tribunal Supremo también podría decidir sobre la imputación o no de la portavoz de JxCat, Laura Borrás. Tal y como avanzó este diario, el Ministerio Público solicitaba al Alto Tribunal investigarla por delitos de malversación, fraude administrativo, falsedad documental y prevaricación
Borrás es acusada de favorecer la adjudicación de 18 contratos irregulares de forma fraccionada a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando se encontraba al frente de la Institución de las Letras Catalanas ILC entre los años 2013 y 2017. El ILC es un organismo público dependiente de la Generalidad. Dichos contratos menores eran inferiores a 18.000 euros cada uno para escapar del control.
Tras recibir el informe favorable de la Fiscalía, la Sala de Admisión del Alto Tribunal tendrá que dictar un auto declarándose competente para investigar a la dirigente separatista catalana y designar a su vez a un juez instructor para iniciar la causa. Si el Supremo decide seguir adelante, Borrás será llamada a declarar en calidad de investigada.