Es la primera batalla que entraña todo inicio de legislatura y no se trata de una batalla menor. La elección de la Mesa encierra una enorme trascendencia política, primero, porque a ella no se traslada de forma automática una proporción idéntica a la representación numérica de los grupos parlamentarios; y segundo, y en consecuencia de lo primero, porque su representación es el fruto de las alianzas parlamentarias, negociaciones y geometrías, que marcarán el paso de la legislatura. Sirva como ejemplo la presencia que, en tiempos de bonanza del bipartidismo, concedían PP o PSOE a CIU, pese a no corresponderle por número de votos, como muestra de buena voluntad y garantía de fijar a su socio preferente.
El también llamado órgano rector de la cámara baja es un árbitro del trabajo parlamentario. Su primera tarea es poner orden, regular al tráfico de las iniciativas legislativas, tanto del Gobierno como de la oposición. Tendrá que decidir, semana a semana, a qué grupo le corresponde presentar, por un sistema llamado de ‘cupo’ o turno en base a su representación parlamentaria, sus proposiciones de Ley (PL), proposiciones no de Ley (PNL), mociones consecuencias de interpelación, en el ámbito del pleno legislativo de los martes; y preguntas orales e interpelaciones en las sesiones de control de los miércoles. Será la Mesa quien de luz verde a las iniciativas y decida cuándo se debaten calificando las mismas y posponiendo los debates políticos a la Junta de Portavoces, ambos órganos -técnico y político-, se reunirán en la mañana del martes como inicio de la semana parlamentaria.
Pero no sólo se trata de un mero agente de tráfico. El árbitro parlamentario toma partido en debates de alto contenido político hasta el punto de confundirse con uno de los equipos llegando a meter un gol a propios o extraños. Para empezar, es el responsable de resolver recursos de los grupos, interpretar el reglamento y, con ello, retorcerlo o ignorarlo a conveniencia del Gobierno de turno -aunque siempre con la instancia de la consulta a los letrados-, y con la consiguiente bronca parlamentaria de la oposición.
Esto sucedió en 2015, con un Gobierno del PP con Mariano Rajoy al frente y una inédita presidencia de color contrario gracias a un pacto PSOE/Ciudadanos que encumbró a Patxi López como tercera autoridad del Estado. López llegó a presentar un "conflicto de atribuciones"· ante el Tribunal Constitucional porque Rajoy se negaba a aceptar sesiones de control estando en funciones. El TC le dio la razón años más tarde pero paradójicamente era Pedro Sánchez quien no aceptaba sesiones de control durante más de seis meses.
Los inéditos escenarios que ofrece la nueva política surgida en 2015 con la aparición de nuevas fuerzas y el consiguiente bloqueo político están rompiendo las inercias de que la mesa se limite a ser una extensión del Ejecutivo. Otro ejemplo lo encontramos en mayo de 2018 cuando la entonces presidenta del PP, Ana Pastor, al frente de una Mesa con mayoría del bloque del centroderecha, tuvo que fijar la fecha para debatir y votar la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Se apresuró en convocar el pleno, lo que para muchos fue una maniobra para hacerla fracasar y sin embargo fue la clave del éxito de Sánchez que, de haberse dilatado los tiempos, se habría visto forzado a negociar y puede que a fracasar.
Composición y elección de la Mesa
El martes de la próxima semana, tres de diciembre, se constituirá formalmente el nuevo Congreso de los Diputados salido de las elecciones del 10 de noviembre. Los 350 parlamentarios jurarán o prometerán sus cargos uno a uno pero antes, y una vez constituida la tradicional Mesa de edad, con los diputados mayores y los más jóvenes, se producirá la primera votación de la investidura. O para ser más precisos, tres votaciones, todas en urna y con papeleta, secreta por tanto, para elegir a la Mesa del Congreso, constituida por un presidente o presidenta, por cuatro vicepresidentes y por cuatro secretarios.
Nueve diputados, en total, que formarán parte del órgano de Gobierno de la cámara. Al contrario que sus compañeros, su escaño no estará en la bancada de sus respectivos grupos, sino en la llamada presidencia del Congreso, las dos filas contiguas a la tribuna de oradores. Desde ese lugar, y también a diferencia de sus compañeros, deberán amortiguar sus pasiones, no pudiendo aplaudir ni manifestarse desde su asiento durante los plenos.
El presidente o presidenta ordenarán los debates, siendo sustituido por alguno de los vicepresidentes en caso de necesidad. Pero al margen de esta actividad protocolaria, la Mesa es el órgano que debe dirigir la Cámara Baja, políticamente pero también administrativamente. Formalmente es, como el Gobierno de la Nación, un órgano colegiado y que como tal toma sus decisiones.
De facto, el juego de mayorías determina sus decisiones, tomadas en reuniones siempre a puerta cerrada, que ordinariamente se celebran los martes, dando inicio a la semana parlamentaria. La Mesa elabora y aprueba el Presupuesto de la Cámara Baja, vigila su ejecución y rinde cuentas del mismo ante el pleno. Unas cuentas que incluyen todo lo relativo al mantenimiento del edifico del Congreso, a los servicios de cafetería que hay en el mismo, que funcionan por concesiones administrativas y naturalmente al personal de la institución.
Políticamente, lo cierto es que la experiencia -rota en parte desde 2015 por la fragmentación inédita de la política española y el bloqueo subsiguiente- enseña que la Mesa ha tendido a ser una extensión parlamentaria del Ejecutivo. Sin ir más lejos, una vez se constituya el nuevo Congreso, la presidencia socialista (muy probablemente repetirá Meritxell Batet) tendrá la prerrogativa de, una vez se produzca la ronda de contactos con el Rey, fijar la fecha de una investidura, que según fija el propio reglamento del Congreso, se establece a conveniencia del propio candidato.