La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el ingreso en prisión de 4 ex altos cargos del PSOE andaluz condenados en la pieza política de los ERE, tras hacerse pública la sentencia sobre sobre el fraude de 680 millones de euros en las ayudas para parados. Se trata de los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández y José Antonio Viera; y los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, que seguirán en libertad.
Fernández y Guerrero fueron condenados a 7 años y 11 meses de cárcel por prevaricación y malversación, mientras que Viera y Márquez se enfrentan a una pena de prisión de 7 años y 1 día. El tribunal de los ERE adopta esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla solicitará su encarcelamiento provisional por riesgo de fuga. Petición que no se extendió al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel.
En el auto, la Audiencia asegura que ninguno de los criterios esgrimidos para valorar el riesgo de fuga "indicaría en este caso un riesgo objetivo más allá de la posibilidad, siempre existente, de que una persona decida no comparecer ante la Justicia" y recuerda que los acusados "tienen un domicilio conocido, donde han sido citados cada vez que ha resultado necesario".
Además, la Audiencia Provincial del Sevilla añade que los cuatro acusados "han comparecido a los llamamientos judiciales cada vez que han sido citados, la última vez, para la comparecencia celebrada" este pasado jueves, "sin que aparezca ningún dato adicional del que pueda deducirse la sospecha de que puedan eludir la acción de la justicia".
El auto mantiene las medidas cautelares impuestas a Guerrero y Fernández y acuerda comunicar a la Dirección General de la Policía la prohibición de expedirles pasaporte. También impone a Viera y Márquez la designación de domicilio en el que puedan ser localizados, debiendo comunicar inmediatamente cualquier cambio del mismo; la obligación 'apud acta' de comparecer ante el tribunal el primer lunes de cada mes y cada vez que les llame este órgano judicial o por el que conozca de la causa, así como la prohibición de abandonar el territorio español, debiendo hacer entrega del pasaporte. También se acuerda comunicar a la Dirección General de la Policía la prohibición de expedirles pasaporte.
Las cuatro defensas de los condenados se oponían a su ingreso en prisión alegando al respecto que no existía riesgo de fuga, "ya que durante todos estos años de instrucción han colaborado con la justicia y además cuentan con arraigo familiar y carecen de medios económicos para darse a la fuga".
En la sentencia de la 'pieza política' del caso ERE, 19 de los 21 ex altos cargos juzgados resultaron condenados, 10 de ellos a penas de prisión y 9 sólo a la inhabilitación, entre los que se encuentra el expresidente andaluz socialista, Manuel Chaves. Únicamente, dos de los juzgados en la causa, el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico, Francisco del Río, fueron absueltos de todos los delitos.
Guerrero y Fernández ya estuvieron en prisión
Cabe recordar que Francisco Javier Guerrero ya estuvieron en la cárcel durante la investigación cuando la juez de Instrucción nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza el 10 de marzo de 2012 como presunto autor de hasta seis delitos: delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Tras aquella decisión, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la prisión después abonar 50.000 euros de fianza, volviendo a la cárcel en marzo de 2013 y saliendo tres meses después.
Por su parte, Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva el 24 de abril de 2012 y salió en el mes de agosto de ese mismo año tras pagar una fianza de 450.000 euros. En aquellas fechas, su abogado remarcó que el pago de esta fianza, que se abonó en metálico, fue posible gracias a "la ola de solidaridad" que protagonizaron tanto "amigos de Fernández como ciudadanos anónimos", que, "de forma voluntaria" y desde que se conoció la cifra a la que ascendía esta fianza, que "excedía sus posibilidades económicas", fueron aportando "pequeñas cantidades" hasta que se logró reunir la suma total.