Fue una de las medidas estrella de Pedro Sánchez antes del 10-N, cuando el presidente del Gobierno en funciones insistía, una y otra vez, en que lo que es ilegal en el mundo "off line", en referencia a la sedición de los separatistas en 2017 sentenciada por el Tribunal Supremo, debe ser igualmente ilegal en el mundo "on line". Lo que algunos han llegado a definir como un '155 digital' que fue tildado por el consejero de Políticas Digitales de la Generalidad, Jordi Puigneró, como un "golpe de estado digital".
En plenas negociaciones con ERC para la investidura, el PSOE recibía este miércoles, en la última Diputación Permanente de la legislatura, la negativa de sus potenciales socios para sacar adelante el Decreto 14/2019 de "medidas urgentes por razones de seguridad pública en el ámbito digital". Podemos, en cambio, optaba finalmente por la abstención a una medida que PP y Ciudadanos permitían sacar adelante con su voto favorable.
Nada más producirse la votación, la diputada popular Ana Belén Vázquez se dirigía en voz alta a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, para espetarle: "Adriana, mira" en referencia a que para una medida de ese calado el Ejecutivo socialista en funciones había tenido que recurrir a dos de los tres partidos del bloque del centro derecha. Vox, por su parte, votaba en contra pese a valorar positivamente parte del contenido del mismo.
Como era de esperar, los nacionalistas rechazaban abiertamente la iniciativa. La diputada de ERC, Monserrat Bassa, advertía además al Ejecutivo de que "no habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política".
El 'papelón' de Podemos
Podemos evitaba hacer sangre en todo momento sobre su discrepancia en este asunto. A su llegada a la Diputación Permanente, la portavoz de la formación morada, Irene Montero, evitaba confirmar el sentido de su voto, que condicionaba a que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, la encargada de defender el proyecto, asumiera alguna de las reivindicaciones de su partido.
También en declaraciones a los medios, el líder de la confluencia catalana de los podemitas, Jaume Asens, admitía que "es evidente que tenemos visiones muy diferentes" aunque, mirando al futuro y curándose en salud, abogaba por "aprenden a cooperar entre nosotros a pesar de las diferencias, que existen y que no van a desaparecer".
Calviño se ceñía a una intervención técnica en defensa del Decreto, evitando en todo momento alusiones a la cuestión de los pactos para el futuro gobierno. "Es imprescindible que encontremos el punto de equilibrio entre una garantía de progreso y seguir teniendo una sociedad justa y prospera, segura y en la que los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones" argumentaba la titular de Economía en funciones.
El PP dice que Calviño ocultó la razón del Decreto
La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, afirmaba que el apoyo de su grupo no se debía a un acuerdo previo con el Gobierno sino, decía, a que "nos parece bueno para la seguridad y la libertad de los catalanes y los españoles". Álvarez de Toledo señalaba que durante el debate se había dado la "asombrosa" y "absurda situación" de que el Gobierno ocultase que el decreto "iba sobre Cataluña, sobre evitar la república digital catalana que sus socios pretenden implementar", por lo que pedía al Ejecutivo que abandonase su "hipocresía" en ese terreno.
En la misma línea, el diputado de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, afeaba la "contradicción" del Gobierno al reclamar apoyo en esta medida contra los independentistas, mientras pretende su apoyo para sacar adelante la investidura. "Pueden contar con nosotros para la ciberseguridad, pero no para sostener las intensiones sediciosas de quienes están robando datos para pisotear los derechos y romper la igualdad de los españoles" aseguraba el parlamentario naranja.