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El Tribunal Constitucional votará una resolución que permitirá a Puigdemont ser presidente desde prisión

Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el rey Felipe VI tendría que firmar el nombramiento de Puigdemont estando encarcelado.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el rey Felipe VI tendría que firmar el nombramiento de Puigdemont estando encarcelado.
El expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont | EFE

El Tribunal Constitucional votará esta semana una resolución que permitirá al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, ser nombrado presidente de la Generalidad de Cataluña aunque se encuentre en prisión provisional por el golpe del 1-O.

Se trata de un borrador de sentencia del magistrado catalán del denominado sector progresista, Juan Antonio Xiol, que como adelantaba El Mundo, pretende dar amparo a un recurso presentado por Oriol Junqueras. El magistrado del Supremo, Pablo Llarena, declaró en un auto de enero de 2018, la incapacidad de Junqueras para asistir a los plenos del Parlamento catalán para participar en las votaciones, e instaba a la Mesa de la Cámara a arbitrar el procedimiento para que delegase su voto mientras permaneciese en prisión preventiva a la espera del juicio y de la posterior sentencia.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, si el pleno del Constitucional aprueba la ponencia del magistrado Xiol sobre el recurso de Junqueras, Carles Puigdemont podría ser nombrado presidente de la Generalidad y desarrollar su labor si se encontrara en prisión provisional, hasta que fuera inhabilitado por sentencia firme. Antes, obviamente el expresidente catalán tendría que ser entregado a España.

Las mismas fuentes consultadas alertan de la situación vergonzosa y surrealista que se produciría si se aprueba la propuesta de Xiol en el TC, ya que el rey Felipe VI tendría que firmar el nombramiento de Puigdemont como presidente estando en la cárcel. Además, el expresidente catalán fugado podría realizar sus reuniones de Gobierno con sus consejeros en prisión y solicitar "conducciones" (salidas de prisión vigiladas) para llevar a cabo trámites y actos como presidente de la Generalidad en los que fuera imprescindible su presencia.

La ponencia de Xiol sobre Junqueras se votará en la misma semana en la que el PSOE de Pedro Sánchez negocia el apoyo del partido del exvicepresidente catalán, ERC, para gobernar. Precisamente, la renovación de 4 magistrados del Tribunal Constitucional se encuentra atascada a la espera de que se forme Ejecutivo. La presidencia del Alto Tribunal también será renovada y Xiol es uno de los 4 candidatos al puesto.

Por otro lado, el Constitucional también tiene previsto votar esta semana la ponencia de su presidente, Juan José González Rivas, que rechaza otro recurso presentado por Oriol Junqueras, esta vez contra los autos que decretaron su prisión preventiva, también por el golpe del 1-O. González Rivas ya llevó al pleno su borrador de sentencia en enero, aunque finalmente se retrasó el debate para más adelante, dada la complejidad jurídica del recurso y la cercanía del inicio juicio sobre el referéndum ilegal en el Supremo, que recordamos comenzó el 12 de febrero.

En su recurso, Junqueras invocaba el caso del opositor kurdo Selahattin Demirtas, por el que el Tribunal de Estrasburgo condenó a Turquía y le reclamó que adoptase las medidas necesarias para acabar con su situación de prisión. Recordamos que hasta ahora, los magistrados del TC han resuelto por unanimidad los recursos derivados de la causa del 1-O.

Xiol, el juez que 'mató a Montesquieu' y votó legalizar a Sortu

El catalán Juan Antonio Xiol es un jurista de lo Contencioso y Civil del llamado ala progresista. En junio de 2013 fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional por el Consejo General del Poder Judicial CGPJ junto al juez conservador Santiago Martínez-Vares. También presidió la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo hasta 2013 y fue secretario general del Tribunal Constitucional y vocal del CGPJ.

Xiol es conocido en el mundo judicial como el juez que mató a Montesquieu, es decir la separación de poderes. Este sobrenombre se debe a su labor tras ser nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia en 1985 por el entonces ministro de Justicia del Gobierno socialista de Felipe González, Fernando Ledesma.

El magistrado dirigió el proceso de elaboración y debate de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ y su posterior aplicación, para que los veinte vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pasaran a ser elegidos por las Cortes Generales mediante mayoría cualificada de tres quintos. El entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, acuñó la frase "Montesquieu ha muerto".

Además, Xiol encabezó a un grupo de siete jueces discrepantes del Supremo que, en contra de la mayoría, votaron a favor de la legalización de Sortu. Este magistrado fue el encargado de redactar el voto particular en el que se defendía que Sortu era un "intento real" de romper con ETA.

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