Sublevación contra el rodillo separatista en las universidades catalanas. El catedrático de Derecho Internacional Privado Rafael Arenas y los estudiantes Julia Moreno, presidenta de la entidad S’ha Acabat, Alex Serra y Paula Díaz son los firmantes del primer recurso contencioso administrativo contra la decisión del consejo de gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que aprobó un mecanismo de evaluación única ideado para que los estudiantes separatistas pudieran participar en las protestas y algaradas contra la sentencia del Tribunal Supremo.
El catedrático Arenas, que además es vicepresidente de "Impulso Ciudadano" y miembro de "Universitaris per la Convivència", y los tres estudiantes han explicado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona que han interpuesto el recurso porque la decisión de la UAB "es contraria a derecho porque vulnera la normativa académica, supone un cambio del sistema de evaluación con el curso ya iniciado, implica el apoyo explícito de la Universidad a unas protestas de carácter partidista (contraviniendo así la institución su obligación de neutralidad) e implica, además, la creación de bases de datos sin cobertura legal que permitirían vincular a los alumnos con determinadas posiciones ideológicas", según consta en una nota difundida por Universitaris per la Convivència.
"Mantener la paz social"
Además, han insistido en que en el cambio de sistema de evaluación no responde a criterios académicos, toda vez que la rectora de la UAB, Margarita Arboix, reconoció que buscaba "mantener la paz social", lo que según los denunciantes no es sino una cesión a los alumnos que han participado en las protestas.
También apuntan que ese acuerdo de evaluación única es el colofón del manifiesto firmado por los rectores de las universidades públicas catalanas que fue declarado contrario a la obligación de neutralidad de las administraciones en período electoral por la Junta Electoral Central.
Como primera providencia y ante la gravedad de la situación y los perjuicios derivados, los denunciantes reclaman la suspensión de la evaluación única como medida cautelar. Además, han anunciado que pedirán entrevistarse con el presidente de la Generalidad, Quim Torra, y el del parlamento regional, Roger Torrent, para mostrarles la oposición de sus organizaciones a los manifiestos de los rectores a favor del movimiento separatista.