En estos días, se habla mucho, destilado en los sectores sanchistas, sobre la retirada de la política activa de Susana Díaz por el hecho de ser "hija" política de José Antonio Griñán que, a su vez, lo fue de Manuel Chaves que, a su vez, lo fue de Felipe González. De remontarse a los orígenes familiares, Pedro Sánchez fue "hijo" de Susana Díaz cuando lo eligió para combatir contra Eduardo Madina en las primarias de 2014 para suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba.
Igualmente, puestos a rebuscar en el ADN político tanto de Pedro Sánchez como de Susana Díaz la corriente genética conduce a José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de apoyar su pacto socialcomunista y a la que fue su ministra, Carme Chacón, a la que Susana Díaz apoyó intensamente en la campaña organizada contra Rubalcaba. De todos modos, inicialmente fue apoyado por la guardia pretoriana de Rubalcaba, no así después.
Esto es, no parece lógico pedir el ostracismo político de Susana Díaz fundamentado en los apoyos y orígenes de su poder político. Sin embargo, sí hay otra cuestión por la que es posible, y tal vez necesario, que Susana Díaz asuma la responsabilidad en el caso ERE. Fue quien "mató" –junto con Pedro Sánchez–, a Chaves, Griñán y demás condenados y quien impidió que la Junta exigiera las fianzas por responsabilidad impuestas por la juez Alaya y asumidas por el juez que terminó la instrucción, Álvaro Martín.
No se trata de que ella tuviera una responsabilidad directa y demostrada en los hechos encausados en el primer juicio del caso, aunque quepan todo tipo de sospechas debido a sus relaciones privilegiadas con José Antonio Viera y Pepe Caballos, los "Diego Corrientes" políticos de la Sierra Norte, que la apoyaron y sostuvieron como secretaria de Organización del PSOE de Sevilla.
Se trata de su decisión política como presidenta de la Junta de Andalucía de pedir al juez de instrucción dedicado al caso el archivo de la causa contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los entonces 24 ex altos cargos por la pieza política del caso ERE cuya sentencia acabamos de conocer.
Aquella decisión supuso un importante apoyo para los imputados y una subrayable desatención a la posición de la Fiscalía Anticorrupción e incluso de las conclusiones del Tribunal Supremo que veían indicios de delito y pedían de 6 a 8 años de cárcel para José Antonio Griñán u otros y 10 de inhabilitación para Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y otros. Es más, la Junta que presidía pidió que no se celebrara el juicio que ha terminado en condena por no apreciar delito alguno.
Si se tiene en cuenta que había 741 millones de euros, 854 con los intereses, mal utilizados como la propia Junta había admitido al reclamar parte de ellos, lo natural en una Administración responsable hubiera sido seguir presente en la causa hasta el final para defender los dineros de los andaluces. Sin embargo, la Junta no vio delito alguno alineada de ese modo con las defensas de los acusados.
En el escrito de renuncia a la acusación, la Junta, que presidía Susana Díaz, llegó a decir: ""No existen pruebas que avalen el presunto conocimiento que los encausados pudieran tener de las irregularidades que se venían cometiendo en la concesión de las ayudas, y aun en la hipótesis de que hubiesen tenido ese conocimiento, este elemento por sí solo no ampara una calificación propia del delito de prevaricación, pues debería ir acompañado del dictado de resoluciones administrativas injustas, aún en su modalidad omisiva".
Tampoco veía Susana Díaz, desde la Junta, que hubiera existido un delito de malversación de caudales públicos porque según su escrito para que tal delito pudiera considerarse era precisa la presencia de ánimo de lucro, de lo que no existía prueba alguna. Como ya se sabía, el ánimo de lucro personal no es el único motivo de la malversación, como ha destacado el Tribunal en su sentencia. Tampoco creyó en la existencia de una trama criminal organizada para delinquir.
Contrastaba la posición final de Susana Díaz y la Junta con la postura inicial que dejó a los pies de los caballos a ambos ex presidentes y a los ex altos cargos implicados en una carrera desenfrenada con Pedro Sánchez por exhibir quién, enfrascados en una batalla interna, era más luchador contra la corrupción.
Lo contó el periodista Manuel Pérez Alcázar en su libro Delfines y Tiburones, donde pasa revista histórica a personajes, relaciones, conspiraciones y puñaladas internas del PSOE andaluz.
En una entrevista con ABC publicada en enero de 2016, Pérez Alcázar definió cuál fue el comportamiento de Susana Díaz con Chaves y Griñán: "Era una visita de la presidenta al Hospital de Valme y, a preguntas de los periodistas, Susana Díaz asegura que todos los que estén imputados deberán dejar sus escaños, 'todos es todos', dijo cuando le repreguntamos. Los ERE estaban en plena eclosión y esas palabras centraron la atención mediática sobre Chaves y Griñán que tuvieron que dejar sus actas por el chantaje, si se me permite la expresión, de algunos partidos. En el libro cuento lo que Chaves dijo a Griñán: 'Pepe, Susana nos ha matado, es como si nos hubiese clavado un cuchillo'".
Recuérdese que en el código ético del PSOE los imputados no tienen que dimitir por el mero hecho de estar imputados sino cuando se termina la instrucción y se mantienen imputados cuando se fija la celebración de la vista oral. Esto es, forzó la dimisión de Chaves y Griñán dejándolos fuera de todo aforamiento. De ahí, la expresión de Chaves: "Nos ha matado".
"Mató" a Chaves y Griñán y la esperanza de recuperar el dinero
En el auto que dio paso a la apertura de juicio oral, el juez Álvaro Martín en su parte dispositiva dictó que se ratificaran las medidas cautelares acordadas en la presente causa y que se trajeran al procedimiento las piezas de responsabilidad civil creadas en las Diligencias Previas para todos los acusados.
Aquellas piezas y otras creadas posteriormente incluían la devolución a la Hacienda Pública del total de los dineros empleados en la concesión irregular de ayudas sociolaborales desde 2000 a 2010 (luego 2009) y lo detallaba por años.
Con el ejemplo de tres años de la década quedará suficientemente claro el sentido de estas responsabilidades.
Año 2001: Los encausados José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez y Juan Francisco Sánchez García deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 86.022.863 euros.
Año 2005: Los encausados Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez, Agustín Barberá Salvador José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Javier Aguado Hinojal, Jesús Mª Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García y Miguel Ángel Serrano Aguilar deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 73.061.471 euros.
Año 2009: Los encausados Antonio Fernández García, Agustín Barberá Salvador, Juan Márquez Contreras, Francisco Vallejo Serrano, José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Lourdes Medina Varo, Jesús Mª Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García y Jacinto Cañete Rolloso deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 80.720.634 euros.
En total, se exigía a los acusados implicados en la malversación ahora demostrada en la sentencia, salvo decisión en contra tras recurso, la cantidad de casi 688 millones de euros desde 2000 a 2009.
Finalmente, el juez Álvaro Martín mantuvo las piezas de responsabilidad civil para la mayoría de ellos y creó en su auto de apertura de juicio oral una pieza separada de responsabilidad civil respecto de José Antonio Viera Chacón, Francisco Vallejo Serrano, José Antonio Griñán Martínez y Carmen Martínez Aguayo por importe de 6.229 .108 euros, 3.763.332 euros, 4.214.702 euros y 4.214.702 euros para cada uno de ellos respectivamente apercibiéndoles "que caso de no hacerlo se procederá a decretar el embargo de bienes en cuantía suficiente para cubrir dicha fianza."
Fue entonces cuando Susana Díaz, como presidenta de la Junta de Andalucía, retiró la acusación, pidió el archivo de la causa y dio pie a la acción de la juez Núñez Bolaños, que archivó todas las piezas abiertas relativas a la responsabilidad civil de los imputados en el caso ERE.
La juez Bolaños recordó que una vez que la Junta dejó de ejercitar la acción penal quedaba suspendida la responsabilidad civil de los acusados salvo "se reservara el derecho a ejercitarla después de terminado el proceso penal". Por ello, archivó todas las piezas de responsabilidad civil y ahora es el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía quien debe emprender el ejercicio de la acción civil que se reservó en su día.
Por eso, ahora el nuevo gobierno andaluz busca la fórmula para recuperar al menos parte del dinero mal utilizado por los condenados si bien Juan Marín ya dijo ayer que lo consideraba una tarea casi imposible. De momento, la nueva Junta salida de las urnas en diciembre de 2018 ha pedido un informe jurídico que esperan esté terminado antes de 10 días para saber qué vías legales puede utilizar.
Cuenta El Mundo que el objetivo está fijado en recuperar cuando menos los 140 millones de euros que fueron a parar a empresas fantasma, a sobrecomisiones de las aseguradoras que mediaron en los ERE y a los intrusos que se colaron los expedientes de compañías en las que nunca habían trabajado, aunque reconocen que es complejo y ni siquiera se sabe si podrán embargar los bienes de los condenados afectados.