Seguramente, todos ellos, desde Susana Díaz a María Jesús Montero pasando por José Antonio Griñán, con su decisión de no comparecer por motivos de forma en la citación emitida en la Comisión de Investigación de la Faffe de este lunes piensan que con este comportamiento ayudan a su partido.
De hecho, evitan un paseíllo incómodo y la repercusión tanto de sus declaraciones como de sus silencios, según los casos. Manuel Chaves ha terminado sumándose a esta operación del PSOE andaluz: aunque sí ha asistido, se ha marchado tras una breve intervención de 10 minutos, ha anunciado que no hablaría en la Comisión por identificar el acto parlamentario con un acto electoral y considerar que podría perjudicarle cualquier declaración ya que el caso está asimismo en los juzgados.
Sin embargo, el no acudir por motivos de defectos de forma en la citación o plantar a la comisión, en el caso de Chaves, no les ha librado del escándalo puesto que hoy todos los medios de comunicación con relevancia en Andalucía destacan el comportamiento de todos ellos tratando de descomponer el intento de la Comisión Parlamentaria de investigar el caso Faffe.
Susana Díaz comenzó el juego del gato y el ratón con la citación de la Faffe evitando que le fuera entregada en el Parlamento alegando que la Cámara andaluza no era su lugar de trabajo. Luego ha intentado aplazar su comparecencia y finalmente aludir a un defecto de forma para no acudir hoy a la Comisión de Investigación. El ex presidente nacional del PSOE y de la Junta, José Antonio Griñan, anunció que hará lo mismo por considerar que su citación no ha sido formalmente legal.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, ha echado mano del informe que en su día presentó la ex ministra Fátima Báñez en 2016 para no comparecer en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre los ERE, informe que avala que los ministros sólo comparezcan en las comisiones de investigación de Congreso y Senado. De todos modos, su postura quiere decir que el equipo de Pedro Sánchez avala la "fuga" de sus altos cargos de la comisión parlamentaria de que investiga a la Faffe.
El escándalo de algunas sedes del PSOE en Andalucía
Entre tanto, El Mundo saca este jueves a la luz el caso de la sede del PSOE de Málaga que terminó pagando la Junta de Andalucía con casi 280.000 euros de las arcas públicas andaluzas. En esa calle y en 1999, se decidió acometer la reforma integral del inmueble. La obra se le encargó al empresario amigo Ruiz Jurado, una empresa muy vinculada a los socialistas, y el PSOE no pagó ni un solo euro porque terminó pagando la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).
La rehabilitación de ese edificio la pagó el PSOE entregando a la constructora el local comercial, con entreplanta, que en cuestión de semanas vendió Ruiz Jurado por 278.869,61 euros a la EPSA, ente del gobierno presidido entonces por Manuel Chaves." No importó que ese local no pudiese albergar más actividad que la de una corporación de derecho público como es el Partido Socialista.
Dicho más claramente, la rehabilitación de la sede del PSOE la pagó la Empresa Pública simulando una venta de un local comercial a quien efectuó la rehabilitación que le costó cero euros al PSOE. Como es habitual ya en el caso Invercaria, la EPSA no tenía informes ni tasaciones ni siquiera se ajustaba a los precios de mercado.
Por cierto, que esta Empresa Pública EPSA ya fue denunciada mucho antes por desviar los intereses de sus cuentas públicas a cuentas privadas del PSOE. Ocurrió en julio de 1986. La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, permitió que el importe de la liquidación de los intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial, fuese ingresado en una cuenta del PSOE de manera subrepticia.
Según la documentación disponible, fue Fermín del Moral, ex viceconsejero de Obras Públicas, luego candidato a la alcaldía de Cádiz y entonces consejero delegado de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) quien recomendó la apertura de estas cuentas en la Caja de Ahorros de Jerez, en su sucursal de La Línea de la Concepción. Años más tarde, en 2013, el propio José Antonio Griñán volvió a colocar al frente de la EPSA a Fermín del Moral.
Otros casos de compras de sedes sospechosas
No era el primer caso de sedes. Con destino, se dijo, a comprar la sede del PSOE en la plaza de San Antonio de Cádiz en 1985, 32 dirigentes entonces del PSOE de Cádiz, entre ellos Manuel Chaves, Alfonso Perales Pizarro y otros, pidieron un préstamo unos 20 millones de pesetas a la Caja de Ahorros de Jerez.
La Caja de Ahorros de Jerez, luego Caja San Fernando Sevilla Jerez y hoy La Caixa, condonó de forma irregular los préstamos personales concedidos en enero y marzo de 1985 a los 32 cargos políticos más importantes del PSOE de Cádiz. El importe total de los préstamos se destinó a las arcas del partido y nunca fue abonado por sus titulares.
La Caja de Jerez realizó meses después de la concesión diversas maniobras contables que convirtieron la mayor parte de los préstamos concedidos (unos 18 millones de pesetas) en pérdidas de la propia entidad. Tanto las pólizas como los datos referentes a la amortización de los préstamos fueron eliminados de los archivos y del circuito informático habitual de la Caja de Ahorros de Jerez.
Uno de estos préstamos, por importe de 600.000 pesetas, correspondía al actual presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que escribió en el documento que era maestro y cuya firma no coincidía con la auténtica.
Otro ejemplo notable es la donación de un local al PSOE de Camas por parte de un falso prejubilado, local que fue recibido ante notario por el entonces secretario local del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, hoy procesado en el caso ERE con petición de las máximas penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
El falso prejubilado, el exconcejal de Camas José Antonio García Prieto, firmó las escrituras el 10 de mayo de 2010 en la notaría de Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, en Sevilla capital. Ese día, Prieto, secretario de política municipal del PSOE de Camas, donó la finca y tres días después, el 13 de mayo de 2010, José Antonio Viera firmó las escrituras actuando como testigos el propio García Prieto y la entonces presidenta del PSOE de Camas y ex alcaldesa, Encarnación Díaz Cerezo, como copropietarios
A principios de noviembre de 2003, la Junta prejubiló a García Prieto de manera fraudulenta, como extrabajador de la empresa textil Intersur, de Morón de la Frontera, a 76 kilómetros de Camas, donde nunca trabajó. Cobró una póliza de rentas hasta octubre de 2007, fecha hasta la que pudo haber percibido al menos unos 70.000 euros.