El Gobierno toma el 'control digital' de la Generalidad para impedir el uso del censo por el separatismo

El candidato Pedro Sánchez se ha reservado su último anuncio electoral con cargo a Moncloa par el inicio de la campaña electoral. A pocas horas de que comience, Sánchez ha concedido una entrevista a Onda Cero en la que ha sido preguntado por si aplicará más medidas en Cataluña: "Le quiero hacer un anuncio. Hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un real decreto ley para poner punto y final a esto de la república digital. Es evidente que han avanzado en ello y el Estado va a garantizar que todos los servidores de la Generalitat tengan que estar ubicados en la Unión Europea y no en paraísos digitales".

Una medida que ha aprobado este jueves el Consejo de Ministros, llevado en mano por el presidente del Gobierno, una fórmula poco habitual, la que se siguió con la exhumación de Franco y que sortea las dos reuniones preparatorias previas de la reunión del gabinete, la reunión de secretarios de estado y la comisión delegada para asuntos económicos. Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuya sustitución por la portavoz, Isabel Celaá, daba cuenta de ese carácter de excepcionalidad.

Calvo defendió que "tiene información y datos" sobre la Generalidad y explicó que el decreto es "enjundioso, técnico y complicado" y afecta a siete ministerios del Gobierno. Previamente, el presidente no profundizó en el contenido más allá de explicar que esto permitirá que "no se usen datos con fines espurios para violentar al Estado de Derecho". En el capítulo de las acusaciones directas al Gobierno del presidente Quim Torra ha dicho que "el separatismo catalán ha intentado buscar reductos legales fuera de la legalidad para avanzar en este proyecto digital" y ha advertido: "No va a haber independencia ni online ni offline".

La clave: el uso del censo y el padrón

Según explican fuentes de Moncloa a Libertad Digital, este real decreto tendrá un primer objetivo fundamental: "Impedir que la Generalitat pueda volver a usar los censos electorales y los padrones municipales para la celebración de un referéndum", como hizo el Gobierno de Carles Puigdemont el 1 de octubre de 2017.

A partir de ahora, se bloqueará la utilización de los censos digitales y el tratamiento de datos personales no podrá estar en servidores ajenos a la UE como ha hecho el separatismo para evadir el control de la justicia europea.

Vínculos con la violencia

Pero hay un segundo plano de actuación. También se avanza en la "guerra subterránea por la ciberseguridad" que ha sido clave en la convocatoria y organización de los grupos violentos en las últimas semanas en Cataluña. Con esta nueva medida el Gobierno manda un mensaje al separatismo y a sus vínculos con los grupos radicales: "Empezamos a tener más que una intuición", ha advertido Sánchez después de semanas de insinuaciones de amenazas veladas por parte del Ejecutivo.

El mensaje que lanza Moncloa es a quienes prestan el soporte técnico a los violentos y pretende estrechar el cerco sobre quienes "han invertido mucho dinero en la república digital". No es baladí que esta medida se anuncie en el inicio de la campaña electoral pero tampoco a dos días de que el actual consejero de tecnología, Jordi Puigneró, anuncie la creación de una agencia de ciberseguridad para Cataluña.

En la diana está la empresa pública que depende de su consejería y que se encarga de prestar servicios de administración digital al gobierno autonómico: el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CTTI. Puigneró, uno de los miembros más radicales del gobierno autonómico y está siendo investigado por la Justicia por su papel en la organización digital del referéndum del 1-O.