Profesores y estudiantes catalanes se sublevan contra la huelga separatista en las universidades

El movimiento separatista ha encargado a los estudiantes universitarios que mantengan los disturbios y alteraciones de la vida ciudadana en la tercera semana posterior a la sentencia del Tribunal Supremo. Así, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), con la connivencia en algunos casos de decanos y rectores afectos al independentismo, ha montado una huelga indefinida que, no obstante, está siendo fuertemente contestada por grupos de profesores y estudiantes.

Piquetes separatistas bloquean los accesos a campus y facultades en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona. También han cortado la AP-7 a la altura de Bellaterra, en Barcelona, donde han estado a punto de llegar a las manos con los primeros conductores interceptados. En otros casos se han registrado enfrentamientos con grupos de estudiantes que reclaman su derecho a no hacer huelga, algunos de ellos pertenecientes a la agrupación estudiantil contraria al proceso indepenentista S'ha acabat (Se ha acabado).

Los piquetes, formados por individuos encapuchados, han formado barricadas en las puertas de acceso a las aulas y han amenazado a los estudiantes que pretendían entrar en clase.

La entidad S'ha acabat considera que las universidades están secuestradas por el separatismo y denuncia las facilidades que han ofrecido algunos rectores a los huelguistas, que están exonerados de la evaluación continua para poder llevar a cabo las funciones de vanguardia radical de los separatistas.

También protestan contra el secuestro separatista de las aulas el Foro de Profesores, un nutrido grupo de docentes e investigadores universitarios, así como Universitaris per la Convivència que han suscrito una carta abierta a los rectores en el que expresan su rechazo al comunicado emitido por las universidades tras la sentencia del Tribunal Supremo por sectario y por constituir un "bochornoso ataque" contra el Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estas asociaciones consideran que los órganos de gobierno de las universidades "carecen de legitimidad moral para pronunciarse sobre cuestiones de orden político en nombre de las personas a las que representan" y que "las administraciones educativas, en este caso las universidades, no tienen derechos sino potestades. La libertad de expresión es un derecho fundamental que corresponde exclusivamente a las personas, como apuntan claramente diversas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional". "El hecho –continúa la carta– de que una administración se exprese en nombre de todos sus miembros implica una evidente agresión a otro derecho fundamental, la libertad ideológica, protegida por el artículo 16 de la Constitución".

Además consideran incompatible con la misión de la Universidad "tratar de contribuir a dibujar en la esfera pública un pensamiento único sobre cualquier tema, máxime cuando se trata de asuntos que generan una fuerte controversia social".