Imputan por malversación al hermano de Ximo Puig

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado a declarar como investigados a Francisco Puig, hermano del presidente de la Generalidad valenciana, Ximo Puig, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, en el marco de una causa por malversación abierta tras una querella del PP valenciano.

Según consta en una providencia de este juzgado, Puig y Trenzano deberán comparecer ante el juez el próximo 10 de diciembre a las 9:30 horas.

La querella está firmada por la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, que reclama que se investigue si la concesión de subvenciones para el fomento del valenciano a las empresas del hermano de Ximo Puig podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.

Se interpuso el pasado mes de marzo en los juzgados de Valencia, que inicialmente se inhibieron en los de Vinarós (Castellón), aunque estos rechazaron esa inhibición y devolvieron las actuaciones al juzgado de procedencia.

Este desacuerdo propició que se plantease una cuestión de competencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que fue resuelta el pasado 27 de septiembre declarando competente al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en una decisión contra la que ya no cabe recurso alguno.

Recibió unos 600.000 euros en subvenciones

Según detalla el PP en esta querella, Francisco Puig ha recibido alrededor de 600.000 euros en subvenciones públicas desde que su hermano ocupa la Presidencia de la Generalidad.

Estas subvenciones, a juicio del PP, "constituyen una auténtica trama para conseguir fondos públicos mediante gastos cruzados, alquileres fraudulentos y nóminas de una gran familia".

Así, exponen que "las ayudas a las productoras de la familia del president implican a cuatro consejerías (Justicia, Turismo, Educación y Presidencia), a tres comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón)" y recuerdan que la cadena pública À Punt "ya detectó que estas empresas pactaban precios".

La querella se centra, siempre según el PP, en la actividad de las empresas Comunicació dels Ports S.A. y Mas Mut Produccions S.L.U., ambas administradas por Francisco Javier Puig y beneficiarias, desde 2015, de 600.000 euros en ayudas económicas para el fomento del valenciano provenientes de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés.

A pesar de recibir ayudas de diferentes comunidades para el mismo fin (fomentar el valenciano), Francisco Puig Ferrer declaró no haber recibido otras subvenciones para la misma finalidad, según se detalla en la querella. En este sentido, se indica que desde que Ximo Puig es presidente de la Generalidad valenciana las empresas de sus hermanos han incrementado sus ingresos en un 290% después de tres años de pérdidas.

La Generalidad Valenciana ha subvencionado a Comunicació dels Ports con 56.826,34 euros en ayudas para el fomento del valenciano en 2015; 83.139,61 en 2016; 86.045,35 en 2017; y 54.118,96 en 2018.

Por su parte, Mas Mut Produccions solicitó durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 la misma subvención para prensa digital obteniendo 23.234,12 euros en 2015; 16.960,03 en 2016; 12.072,70 en 2017; y 6.599,84 en 2018.

Estas ayudas fueron otorgadas por Rubén Trenzano, en su condición de director general de Política Lingüística de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

Por parte del Ejecutivo catalán, Comunicació dels Ports recibió en 2015 163.915,44 euros en subvenciones para emisoras de televisión en catalán o aragonés, y Mas Mut 36.192,86 euros, y desde el Gobierno de Aragón se subvencionó a las empresas de Francisco Puig con 19.664 euros en 2018.

Según el PP, Comunicació dels Ports es la única firma de toda la Comunidad Valenciana que recibe esta ayuda en todas las modalidades previstas en la orden de convocatoria, todo ello a pesar, supuestamente, de "no cumplir con los requisitos exigidos".

Así, se insiste en que no cumple con el requisito de audiencia porque, según la empresa, la audiencia estimada de la televisión es de 35.000 espectadores en una población de 5.266 habitantes (según el INE). "Es decir, que todos los habitantes de la comarca ven simultáneamente el mismo canal en siete televisores distintos, a la vez", refleja el PP en su querella.

Además, se mencionan otras supuestas irregularidades como reflejar de forma duplicada o triplicada los mismos gastos, el hecho de que varios medios compartan contenidos pero reciban subvenciones independientes, o la concesión de ayudas por cláusulas sociales cuando el Plan de Igualdad se otorgó en 2017 y no sería válido para las subvenciones de los años 2015 y 2016.