El Tribunal Supremo publicaba este lunes la sentencia sobre el golpe del 1-O, bautizada como la más importante de la historia de la democracia. Se esperaba mucho, quizá demasiado y la verdad es que decepcionó principalmente por dos aspectos: la calificación jurídica (sedición y no rebelión) y la interpretación onírica de los hechos.
La historia del 1-O se podría dividir en 3 partes. En la primera, el magistrado Pablo Llarena realizó muy buena instrucción de la causa de la mano de la acusación encabezada por los 4 fiscales del Supremo y Vox, que ejercía la acusación popular. La segunda parte, estuvo marcada por el juicio oral. Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena sostuvieron con coraje los pilares de la rebelión, mientras el magistrado y presidente del tribunal, Manuel Marchena, dirigió con mano de hierro y guante de seda las 52 sesiones de un juicio muy complicado y mediático. Marchena consiguió enmudecer la soberbia de independentistas como Joan Tardá o Gabriel Rufián. Incluso a un mosso golpista le hizo balbucear.
Sin embargo, guárdate de los Idus de marzo, o mejor, dicho de los Idus de octubre. La tercera parte de la causa, la más esperada, la más ansiada, la más ilusionante también, la del desenlace, provocó la zozobra. Quizá se esperaba que la sentencia se convirtiera en el Bálsamo de Fierabrás contra el golpe de Estado del 1-O, que comenzó hace dos años y continúa. Quizá, se pensó que los 7 magistrados del tribunal iban a salvar a España de los golpistas catalanes, pero son únicamente jueces, nada más y nada menos.
De lo que más ha dolido de la sentencia es "la ensoñación, la quimera", la alegoría que relata el Supremo sobre lo acontecido en Cataluña y que se sigue sufriendo hasta nuestros días. Según El Mundo, el autor intelectual de la citada ensoñación fue el magistrado Luciano Varela. No fue un sueño, fue real, es real, es un golpe de Estado. Tampoco ha convencido el argumento de que todo era un pulso para presionar al Gobierno. El objetivo último siempre fue la independencia, con negociación o sin ella.
Sedición sí, rebelión no...
Al inicio del juicio, se trasladó quizá erróneamente a la opinión pública, que para demostrar la rebelión, había que acreditar la violencia. El tribunal ha acreditado "episodios indiscutibles de violencia", sin embargo, ésta no fue "instrumental, funcional y preordenada", sólo si se cumplen estos requisitos puede considerarse rebelión, según el Supremo. No obstante, en el golpe sí parece que la violencia fue instrumental y por eso el fallo por sedición y no por rebelión, ha provocado la desazón y una especie de coitus interruptus en el fervor popular.
En este contexto, hay que sopesar también las penas de cárcel. Para Oriol Junqueras, la Fiscalía pedía 25 años, y se le ha condenado a 13, que no estarían nada mal si se cumplieran íntegramente. El problema es que el sistema penitenciario español es demasiado garantista con los penados. Prueba de ello, los Jordis, que tras ser condenados a 9 años, al haber permanecido ya 2 en prisión provisional durante la instrucción de la causa, conseguirán en enero sus primeros permisos penitenciarios, simplemente escandaloso.
Que el Supremo rechazase la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal como solicitaban los fiscales para evitar que se conceda el tercer grado a los golpistas por parte de la Generalidad, tampoco ha ayudado mucho a que el fallo del tribunal sea visto con buenos ojos. En honor a la verdad hay que aclarar que todo parece indicar que la Generalidad les clasificará en segundo grado, el común para la mayoría de los presos, y que les aplicará el artículo 100.2 de régimen penitenciario para disfrutar de los permisos y ventajas del tercer grado. De esta forma, se evitará el escándalo en la opinión pública.
La aplicación del 100.2 en segundo grado puede ser recurrido por la Fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria y en segunda instancia ante la correspondiente Audiencia Provincial. En el caso de que a los presos golpistas se les clasificara en tercer grado directamente, el fiscal podría recurrir ante el juez de Vigilancia Penitenciaria y en segunda instancia, ante el tribunal sentenciador. Es decir, el Tribunal Supremo tendría la última palabra para rechazar la hipotética clasificación de los golpistas en tercer grado.
El partido de vuelta en Europa
En la sentencia, hay aspectos muy importantes que conviene valorar. Casi la mitad de sus 493 páginas dan respuesta de forma detallada y pormenorizada, a otro aspecto muy importante y a priori menos comercial que los años de condena y la calificación jurídica. Los magistrados contestan una por una, o mejor dicho, desmantelan una por una, las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales reclamadas por las defensas de los ya condenados.
El Supremo minimiza notablemente la posibilidad de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, TEDH, pueda cursar una supuesta vulneración alegada por los golpistas. Entre ellas, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a un proceso con todas las garantías, el juez ordinario predeterminado por la Ley, el recurso en segunda instancia, o la imparcialidad del juez... Todo ello queda perfectamente contestado y argumentado por los magistrados del 1-O en la sentencia.
Este aspecto también es relevante y no hay que olvidar la derogación de la doctrina Parot. También es cierto, que los fallos de Estrasburgo en nuestra legislación son declarativos y no directamente ejecutables, es decir, no son vinculantes, aunque haya que preservar la buena imagen de la justicia española en Europa.
En fin, la sentencia tiene aspectos negativos y también positivos. El problema es que las grandes expectativas y la gran esperanza depositada en una posible condena por rebelión se ha ido al traste y la jugada no va más. Por lo demás, el 1-O no fue un sueño y el golpe de Estado continúa.