El comisario José Villarejo ha presentado una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en la que afirma que el Grupo Prisa pagó 200.000 dólares al que fuera magistrado del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, por condenar a Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable. Cercano al PSOE de Felipe González, Bacigalupo fue magistrado de la Sala Segunda del Supremo desde 1987 hasta 2011. Actualmente ejerce de abogado, y entre sus clientes está el jugador del F.C. Barcelona, Leo Messi.
El comisario encarcelado por la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Tándem justifica así el objeto de la denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital:
"Denuncia, contra las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los siguientes hechos que vengo a exponer en relación al proceso judicial seguido contra el Magistrado Juez D. Javier Gómez de Liaño encaminado a apartarlo de la causa que se seguía contra Sogecable del Grupo Prisa y después a obtener su condena ejemplarizante en una causa penal seguida en su contra para que nadie más se atreviera a ir contra este Grupo".
Villarejo relata en su escrito cómo la operación para inhabilitar al entonces juez Gómez de Liaño se fraguó con numerosas reuniones en las que participaron dirigentes socialistas, empresarios, abogados y periodistas del Grupo Prisa. Asegura que contactó con él "Txiqui Benegas en nombre de Felipe González, esto es, del PSOE" y que los hermanos Marañón, Gregorio y Álvaro (empresarios) serían "el vínculo con los de Sogecable". "Ellos se reunieron conmigo en varias ocasiones a mediados de marzo de 1997. Terminó mi trabajo en abril de 1998".
El escrito abunda en los encuentros mantenidos por el comisario con distintos personajes del entorno del Grupo Prisa: "Me reuní en varias ocasiones con Matías Cortés (abogado), en una de las cuales asistió también Horacio Oliva (abogado) y en dos ocasiones con Antonio Navalón (periodista del Grupo Prisa), sólo para establecer los detalles de los procedimientos de pago".
Villarejo afirma que "algunas de estas reuniones fueron grabadas con grabadoras de pequeño tamaño provistas de microcintas que, salvo alguna que recientemente había facilitado al CNI para obtener una copia digitalizada, el resto estaba depositada en la caja fuerte del domicilio de Boadilla del Monte que primero fue registrado. Sorprendentemente, a pesar de constar fechas antiguas y pese a la protesta realizada, se llevaron numerosas cajas de las usadas en comisaría donde había cientos de microcintas. No tenían ningún sistema de encriptado, siendo posible su audición mediante cualquier dispositivo reproductor similar al usado para la grabación".
"Hasta que no empecé a denunciar que habían sido incautadas sin control alguno", añade, "en ningún informe de la Fiscalía, el CNI y/o Asuntos Internos se hacía referencia al contenido de las mismas. Coincidiendo con mi denuncia sobre la importancia de todas por su contenido, el instructor extrajo ahora de la documentación incautada, parte de la misma, guardándola en su caja fuerte, sin informar de su contenido, al menos a mi defensa. En estas microcintas además de en soporte en papel correspondiente a diversas notas por escrito se encuentra la acreditación documental de una gran parte de lo expuesto en esta denuncia".
De hecho, el mando policial solicita en la denuncia como diligencias de averiguación de los hechos "un exhorto al Juzgado Central de Instrucción nº. 6 de la Audiencia Nacional para que remita las microcintas intervenidas en el registro domiciliario de la vivienda del compareciente en Boadilla del Monte, así como las grabaciones en soporte sonoro contenidas en las mismas o cualquiera otras que guarden relación con los hechos denunciados así como todas las notas escritas elaboradas por el compareciente sobre el llamado caso Gómez de Liaño; así como todas grabaciones o notas escritas que en relación a este caso hayan sido analizadas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en funciones de policía judicial".
Según Villarejo, fruto de las mencionadas reuniones recibió varios encargos. Entre ellos, "facilitar pagos del Sr. Navalón a miembros de la judicatura", el "control de movimientos de la pareja (Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado)" o "ayudar a Clemente Auger (presidente de la Audiencia Nacional entre 1992 y 2001) en sus problemas personales", supuestamente relacionados con el mundo de la noche.
El comisario señala que por su "conocimiento personal y directo, para esta operación se utilizaron dos procedimientos de pago" en la operación para terminar con la carrera de Gómez de Liaño y apartarle de la investigación del caso Sogecable. "En efectivo, abonando unos cinco millones de pesetas al Sr. Lozano, uno de los responsables del pub Vanity (Madrid), quien en teoría debería repartirlo entre cierto personal de dicho establecimiento. En efectivo, doce millones de pesetas, que recibí para pago de colaboradores y demás gastos incurridos en mi trabajo".
A continuación, detalla el pago que se habría realizado al magistrado Enrique Bacigalupo, uno de los magistrados del Tribunal Supremo que condenó a Javier Gómez de Liaño por supuesta prevaricación en la instrucción del caso Sogecable: "Transferido, al Sr. Bacigalupo, desde una cuenta del Sr. Navalón, de un banco de Zúrich, creo recordar que se llamaba Europeo Bank que compartía con un socio suyo el Sr. Selva. Para tal operación se trianguló la ruta del dinero, empleando cuentas en Colombia y Delaware (EEUU) del Sr. Aliste, que es quien transfirió doscientos mil dólares a una cuenta en un banco argentino, al parecer corresponsal del HSBC que creo que se llamaba Banco del Río Negro".
Villarejo detalla más pagos relacionados con la operación para apartar a Gómez de Liaño de la judicatura: "Transferidos a alguien próximo a un magistrado de la Audiencia Nacional del que nunca supe con certeza quién fue, unos ciento setenta mil dólares desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas inglesas. La transferencia se hizo a una cuenta del mismo banco en las Antillas holandesas a nombre de una sociedad que estaba gestionada por el consorcio Ard Choille y para dificultar el rastro, se empleó una cuenta ómnibus' donde, entre otros, figuraba una sociedad controlada por el Sr. Aliste. No puedo señalar la identidad de este magistrado, ya que mi labor fue facilitar esta transferencia, así como otras con la colaboración del Sr. Aliste que percibió además de otros honorarios, el 20% de las cantidades manejadas`".
"Para cerrar los temas económicos sobre la operación Sogecable, en abril de 1998, me reuní con el Sr. Navalón en el restaurante Pazo de Monterrey a instancias suyas. Solía invitar a sus contactos de la cúpula judicial en dicho local. Al cabo de los años, pude conversar largo y tendido con el que era el cocinero jefe de dicho restaurante, una vez que ya estaba jubilado. Me confirmó todos y cada uno de estos tratos privilegiados, así como los principales beneficiarios", sostiene Villarejo en su denuncia.
Seguimientos a Gómez de Liaño y a Márquez de Prado
Aparte de los supuestos pagos a miembros de la judicatura, Villarejo menciona en su denuncia que le ordenaron hacer seguimientos al entorno de "la por entonces pareja sentimental en proceso del Sr. Liaño (Mª Márquez de Prado), la consideraban la verdadera instigadora de la querella que el suegro de su hermana, el Sr. Campmany interpuso (origen del caso)". El periodista Jesús Cacho también se querelló contra Sogecable por el supuesto uso ilícito de los fondos de los abonados de Canal Plus.
"Tenía como objetivo conseguir información íntima de la señora para encontrar otras relaciones anteriores de naturaleza problemática, similar a la que entonces mantenía una magistrada de la Audiencia Nacional con el iraní Massoud Zandi", apunta Villarejo.
"El interés sobre la Sra. Márquez de Prado", añade "también estaba en conocer el alcance de lo que sabía precisamente de estas relaciones, así como el nivel de investigación oficial que se llevaba a cabo a las sociedades de este iraní, como Star Petrolium entre otras. Con el tiempo se conoció las vinculaciones en estas firmas con Felipe González y Juan Luis Cebrián".
"Igualmente se planteó la posibilidad del posible vínculo del Sr. Liaño con la esposa del Sr. Aznar por su coincidencia de apellido, para llegado el caso, considerar la acción contra Sogecable como una operación política. Para tal fin, conté con la colaboración, entre otros, de un abogado llamado José Aliste, por estar muy vinculado al CESID, a la Policía y, especialmente, al mundo de la delincuencia internacional, por ser confidente de la DEA, entre otros servicios. Entre los cometidos del Sr. Aliste, estaba en conseguir informaciones de clientes suyos, vinculados con sumarios donde actuó el Sr. Liaño y, llegado el momento, realizar actuaciones de todo tipo y desprestigio", relata el mando policial encarcelado.
Villarejo justifica la presentación de la denuncia con "el fin de que pueda constatarse la veracidad de los hechos referidos. Ello supondría evidenciar que nadie está por encima de la Ley y que no es cierto que determinados personajes de este país disfrutan de un privilegiado poder intocable y absoluto por encima y superior a los demás ciudadanos". Ahora, los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla deberán decidir si admiten a trámite la denuncia y se investigan estos hechos. Si es así, Villarejo tendría que ratificar su denuncia en sede judicial.
En declaraciones a este diario, un portavoz del Grupo Prisa "niega rotundamente" que las acusaciones del comisario Villarejo contenidas en este artículo "sean ciertas". Según este portavoz, "Prisa aún no ha tenido conocimiento de la denuncia y cuando tenga conocimiento de la misma hará una valoración".
El caso Sogecable de Liaño y contra Liaño
Javier Gómez de Liaño cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional asumió en 1997 la investigación contra el Grupo Prisa (Canal Plus y Sogecable) por posibles delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, en relación a los 23.000 millones de pesetas (138.232.784 euros) de fianzas depositadas por los abonados del canal de televisión de pago.
En el marco de dicho procedimiento, el magistrado impuso de forma cautelar a Jesús de Polanco (expresidente del Grupo Prisa), una fianza de 200 millones de pesetas. Después, procesó al propio Polanco, a Juan Luis Cebrián (exconsejero delegado del Grupo Prisa) y a todo el Consejo de Administración de Sogecable, por falsedad documental y apropiación indebida en los fondos de los abonados. En 1998, Polanco lo denunció por prevaricación y el magistrado fue procesado.
Gómez de Liaño recusó en febrero de 1999 a los tres miembros de la Sala de lo Penal del Supremo que ratificaron su procesamiento por prevaricación y dictaron auto de apertura de juicio oral contra él para juzgarlo: Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez Pereda. Éste último magistrado emitió un voto particular discrepante expresando su disentimiento "por no haberse decretado el sobreseimiento libre, al no ser los hechos de la causa constitutivos de delito alguno, como han solicitado, no sólo el procesado sino el propio ministerio fiscal". Según el fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, padre del actual fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, los hechos no eran constitutivos de delito de prevaricación, ni de infracción penal alguna.
Liaño entendía que habían perdido la imparcialidad objetiva para juzgarle por haber dictado dichas resoluciones. En el caso de Bacigalupo, le recusaba también por "amistad íntima" con el abogado de Sogecable, Antonio González Cuéllar, y por interés directo o indirecto en la causa. Sin embargo, dicha recusación resultó fallida.
Los tres magistrados del Supremo lo condenaron a 15 años de inhabilitación especial para cargo público, con la pérdida definitiva de su cargo de juez. La sentencia contó con los votos favorables de los magistrados Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo. Por su parte, José Manuel Martínez-Pereda formuló de nuevo un voto particular discrepante con la decisión de sus dos compañeros más extenso que la propia sentencia.
En el año 2000 recibió un indulto del gobierno presidido por José María Aznar para volver a la carrera judicial y en 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a su favor recordando "la importancia que para una sociedad democrática tiene la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables" y estimando que "las quejas sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional español que lo juzgó y lo condenó del demandante Gómez de Liaño pueden ser consideradas objetivamente justificadas". El argumento es que los tres magistrados que la componían (Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Martínez-Pereda y Rodríguez), ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso.