Torra denuncia a Irene Lozano por prevaricación, calumnia y obstrucción a la justicia

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha denunciado ante la Fiscalía a la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, por prevaricación, calumnia y obstrucción a la justicia, a raíz del informe sobre el proceso separatista difundido por este organismo.

En su denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, Torra acusa a la secretaria de Estado de querer "criminalizar" al separatismo y de no respetar la presunción de inocencia de los presos golpistas juzgados en el Supremo en su informe, denominado "La realidad sobre el proceso independentista".

En opinión de la Generalidad, el trabajo, una guía para representantes diplomáticos de España en el exterior que se difundió en los medios, "no es meramente descriptivo y objetivo", sino que incluye "numerosas opiniones subjetivas sobre los hechos que sucedieron en Cataluña" el 1-O.

Además, las opiniones del informe, según la denuncia, "vulneran la presunción de inocencia" de las personas que están siendo investigadas o pendientes de sentencia por su papel en el "procés" y "perjudican la imagen de Cataluña a nivel internacional".

Quim Torra no solo acusa a Lozano de vulnerar el derecho de los encausados a la presunción de inocencia, sino que sostiene que el informe de España Global "puede suponer una interferencia en el poder judicial, ya que criminaliza el movimiento independentista antes de que se haya dictado sentencia", según la denuncia, presentada ante la Fiscalía de Barcelona.

Concretamente, Torra denuncia que en sus explicaciones sobre el "caso procés", pendiente de sentencia en el Supremo, el informe "se limita interesadamente a parafrasear exclusivamente" lo que mantienen las acusaciones y el juez instructor de la causa, sin incluir ninguna referencia a la presunción de inocencia.

El apartado en el que el informe describe lo sucedido en Cataluña entre los meses de septiembre y octubre de 2017, añade la denuncia, "solo se puede calificar de verdadera declaración de condena por parte de una autoridad administrativa, como es la Secretaría de Estado de España Global, contra personas investigadas y encausadas (...)".