El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido abrir diligencias penales y enviará la filtración sobre la operación Judas contra los CDR a los Juzgados de Instrucción de Plaza Castilla (Madrid) para investigar un delito de revelación de secretos. La Audiencia Nacional no es competente para investigar este tipo delictivo.
Fuentes de la investigación consultadas por esRadio y Libertad Digital confirman que la filtración de información secreta sobre la operación contra los integrantes de los Comités de Defensa de la República se produjo horas después de que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska "tuviese acceso a ella". Anteriormente, sólo el magistrado García Castellón y el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, conocían el contenido de los documentos secretos filtrados a la prensa.
Este viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional remitía su dictamen al juez e interesaba que se remitan los hechos al Juzgado territorialmente competente, "sin abrir pieza separada" en el procedimiento que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº 6.
No obstante, todo parece indicar que es muy difícil que tras las eventuales diligencias que se inicien en los Juzgados de Plaza Castilla, se consiga localizar al 'topo' de Interior y se pruebe la revelación de secretos. Una vez el escrito llegue a estos Juzgados ordinarios madrileños, estos deberán decidir el futuro de la investigación.
Dichos Juzgados son los competentes para realizar la investigación de este delito que en su tipo básico establece penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses, para el que "sin mediar autorización, descubra los secretos". "Hay muy pocas probabilidades de que pueda acreditarse esta filtración en los tribunales", añaden.
Las mismas fuentes de la investigación se muestran "sorprendidas" por el hecho de que la filtración haya partido precisamente del Ministerio de Grande Marlaska. Un juez que en su época en la Audiencia Nacional tuvo que sufrir los efectos del chivatazo del caso Faisán, que frustró la operación que él mismo dirigía contra el aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán de Irún. En esta causa, agentes de policía que fueron condenados dieron el chivatazo a los terroristas de que se iban a realizar las detenciones.
Este miércoles, LD desvelaba en exclusiva que los investigadores sospechaban que el departamento de Grande Marlaska había filtrado a los medios información sensible y capital sobre la operación contra los CDR. Dicha filtración frustraba el objetivo principal de la investigación: la vinculación del presidente catalán, Quim Torra, y del fugado Carles Puigdemont con el ala más radical de los Comités de Defensa de la República, que pretendía atentar con explosivos en Cataluña el día de la sentencia del Supremo sobre el golpe del 1-O.
El enfado de los investigadores
El enfado y la indignación en la Guardia Civil es enorme, ya que la investigación contra los 7 miembros de los CDR comenzó hace dos años. Recordamos que sólo en el día de la operación participaron cerca de 600 agentes y se han realizado intervenciones telefónicas durante meses. Los investigadores sospechan que las informaciones sobre la relación de Torra y Puigdemont con los CDR pudo salir de los despachos del Ministerio del Interior porque reina "el desgobierno" o por "objetivos políticos" y electorales de cara a los próximos comicios del 10 de noviembre.
La benemérita tiene constancia de que algunos periodistas eran conocedores de que se iba a llevar a cabo la operación Judas, incluso 3 días antes, es decir, el 20 de septiembre. No obstante, la responsabilidad de estos informadores evitó el desastre total del operativo días antes de iniciarse.