En vísiperas de las elecciones generales del 10 de noviembre y con la campaña electoral a la vuelta de la esquina el Gobierno ha acordado este viernes presentar ante el Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución de sentencia contra varios apartados de la resolución aprobada por el Parlament el pasado 25 de julio en la que se ratifica el derecho a la autodeterminación y se reprueba al rey Felipe VI.
La ministra portavoz, Isabel Celáa, ha anunciado este acuerdo del Gobierno a instancias del Ministerio de Política Territorial. Su responsable, Manuel Planas, ha explicado que se ha tardado dos meses en denunciar ese acuerdo de julio porque requiere "una preparación jurídica interna" y porque el Gobierno ha determinado que "este era el momento oportuno". "Es tema suficientemente riguroso y serio como para que el Consejo se haya tomado su tiempo", ha añadido.
Planas ha asegurado que se recurre a la fórmula de la ejecución de sentencia porque el TC ha dejado claro ya que resoluciones como las del 25 de julio no son legales. "Las sentencias son bloque de constitucionalidad y le pedimos al Tribunal que pida que sus sentencias se ejecuten", ha recalcado.
El objetivo del Gobierno es que el Tribunal anule esos acuerdos, pero ha recalcado la petición al TC de que dirija una "clara advertencia" a los miembros de la Mesa de que deben velar por el cumplimiento de la legalidad y de que no hacerlo tiene "repercusiones penales".
Preguntado por cuáles pueden ser estas consecuencias, Planas ha respondido que "probablemente" se podría incurrir en desacato, pero que hay varios tipos penales "que habría que examinar". "Pero lo mejor para todos es que la Mesa cumpliera lo que le indica el Tribunal", ha agregado.
También se ha pedido que se advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a la Mesa de su obligación de acatar estas sentencias y se les aperciba de las responsabilidades en las que pueden incurrir.
La actuación "cronometrada" del 'Parlament'
El hecho es que esta decisión llega cuando se está a la espera de que el Gobierno recurra otros acuerdos del Parlament más recientes. En concreto, de la semana pasada, cuando la Mesa permitió que se votara tres resoluciones pidiendo la salida de la Guardia Civil de Cataluña, una respuesta institucional contra la sentencia del procés y un acuerdo por la amnistía y la autodeterminación de Cataluña.
El Gobierno estaba a la espera de la publicación en el Boletín del Parlament de estos acuerdos para poder recurrirlos este viernes, pero esa publicación se ha producido casualmente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Qué bien cronometrada está la actuación del Parlament de Cataluña", ha reaccionado con ironía el ministro Planas, que ha agregado a modo de advertencia: "La nuestra, también. Sépanlo". Planas ha confirmado que en cuanto le sea posible el Gobierno también tomará medidas contra las resoluciones de la semana pasada.
Los incidentes de ejecución
El Gobierno se dirige con este acuerdo contra varios apartados de una resolución aprobada por el Parlament el 25 de julio, porque a su juicio vulnera varias sentencias del TC.
Por un lado, se vuelve a proclamar el derecho de autodeterminación como manera de acceder a la soberanía del pueblo de Cataluña y el Parlament se reafirma en "su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación". El Gobierno entiende que se vulnera la sentencia 259/2015 del TC, que anuló una resolución de 2015 con la que se abrió el denominado procés hacia la independencia, y la sentencia 136/2018 que declaró inconstitucional una moción que ratificaba los objetivos políticos del referéndum del 9-N (2014).
El Gobierno estima, en consecuencia, que vulneran directa y frontalmente dichas sentencias y, por tanto, solicita al Tribunal Constitucional la declaración de nulidad y su inmediata suspensión.
En términos parecidos se expresa el Gobierno contra otra parte de esa resolución del 25 de julio, en la que el Parlament "reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía", "se reafirma en su reprobación de Felipe VI" y "reafirma su derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores republicanos".
El TC ya anuló una resolución con parecido contenido de 2018 en su sentencia 98/2019, que según el Gobierno se incumple al promover otra vez una iniciativa similar.