El calendario de citaciones para la trama Púnica ha dado un giro de 180 grados en los últimos días. Según las fuentes jurídicas consultadas por esRadio y Libertad Digital, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se plantea seriamente mantener la fecha de la declaración de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en la trama Púnica para el 18 de octubre y del resto de "cargos políticos" citados antes del 10-N.
El magistrado estaba decidido a adelantar o retrasar la comparecencia de Aguirre para evitar interferir en las elecciones generales del 10 de noviembre. Sin embargo, dado que la citación está fijada para 3 semanas antes de los comicios y de la campaña electoral, y que las grandes causas se acumulan en su Juzgado como la propia Púnica, Lezo, Villarejo o los CDR, el juez quiere agilizar el calendario de las diligencias pendientes y avanzar todo lo posible en los sumarios. En el caso de Púnica, la instrucción debería finalizar en junio del próximo año.
Por otro lado, la citación de la otra expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha sido fijada para el próximo miércoles 9 de octubre. Ambas expresidentas regionales están siendo investigadas por la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.
El pasado 2 de septiembre, García Castellón las imputaba junto a otras 40 personas en un auto menos duro y contundente que el informe presentado por el Ministerio Público el pasado mes de agosto. En dicho informe, Anticorrupción reordenaba las piezas judiciales que se investigan en la trama y solicitaba las nuevas imputaciones en la causa que ahora ha admitido el juez.
Tras conocer su citación como investigada, Aguirre aseguraba que irá a declarar "con mucho gusto" para defender su inocencia y negaba cualquier vinculación con la trama Púnica, al señalar que el contenido del auto por el que se le imputa es "completamente falso" en lo referente a ella.
La declaración de Borja Sarasola
Este martes, el exconsejero madrileño Borja Sarasola comparecía ante el magistrado de la Audiencia Nacioinal, Manuel García Castellón, en el marco de la trama Púnica. Según las fuentes del caso consultadas, Sarasola "negaba la existencia de una caja B en el PP madrileño y la financiación ilegal del partido". También que él hablara sobre los pagos y los asuntos económicos relacionados con las campañas electorales.
Además, el exconsejero madrileño habría rechazaba la posibilidad de que el expresidente madrileño, Ignacio González, se reuniera en 2012 con el entonces responsable de la agencia pública ICM con el objetivo de recaudar 1 millón de euros para sanear las cuentas del partido. Sobre su papel en la fundación Fundescam, Sarasola habría asegurado que él se limitaba a firmar los documentos que ya habían supervisado los técnicos.