La Fiscalía Superior de Cataluña estudia querellarse contra Quim Torra por delito de desobediencia por no retirar la pancarta golpista del Palacio de la Generalidad. Según las fuentes jurídicas consultadas por esRadio y Libertad Digital, es "muy probable" que el Ministerio Público ejerza esta acción judicial contra el presidente catalán en los próximos días.
Ésta sería la segunda querella por desobediencia que presentaría la Fiscalía contra Torra. El pasado 27 de marzo, se presentó la primera después de que el presidente catalán desoyera el mandato de la Junta Electoral Central para retiras los lazos amarillos golpistas de los edificios públicos. Torra será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña TSJC el próximo 18 de noviembre por estos hechos.
Estas mismas fuentes sostienen que la Fiscalía estaría a la espera de que el TSJC le "comunique formalmente que ha sido desobedecido y que le envíe el testimonio de lo actuado". Posteriormente, se estudiarían los hechos para presentar la citada querella por desobediencia. La entidad Impulso Ciudadano que inició el contencioso contra Torra por este asunto en el TSJC tiene previsto solicitar a los Mossos d'Esquadra que retiren la pancarta de apoyo a los "presos" y "exiliados" del Palacio de la Generalidad.
La sección 5ª de la Sala Contencioso Administrativa del TSJC desestimaba ayer el recurso interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra la orden de retirada de la pancarta. De esta forma, se mantenía la medida cautelar de retirada de los símbolos acordada el pasado 19 de septiembre y que se requirió personalmente al presidente Torra el pasado lunes.
El tribunal tenía en cuenta que el 24 de septiembre se publicó en el BOE el decreto de convocatoria de nuevas elecciones generales y, atendiendo al criterio de la Junta Electoral Central y a la ley electoral (LOREG), es de obligación no exhibir enseñas ni símbolos políticos en edificios públicos durante el periodo electoral.
Es precisamente la desatención a estas normas lo que provocó el proceso por desobediencia que ha llevado al presidente hasta los tribunales, mediante un juicio que se celebrará el próximo 18 de noviembre, tras ser aplazado hasta después de las elecciones generales del 10-N. La Fiscalía solicita para Torra por estos hechos una inhabilitación de 1 año y 8 meses y una sanción de 30.000 euros.