Entre un sumario complejo, declarado así por la polémica juez María Ángeles Núñez Bolaños ahora en horas muy bajas, y una comisión de investigación aprobada pero interrumpida por la convocatoria anticipada de elecciones de Susana Díaz, se erigió la nueva comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo (FAFFE), uno de los grandes y llamativos escándalos de la Junta de Andalucía bajo sus gobiernos socialistas. Este martes celebra una nueva reunión, la primera desde julio, para ponerse definitivamente en marcha.
Como es sabido, en el juzgado de la juez Bolaños se delimitan los presuntos delitos cometidos y en la comisión de Investigación del Parlamento andaluz, se decide qué responsabilidad política ha habido y quiénes son los responsables de lo que ha ocurrido en una Fundación que contempla escenarios como un enchufismo generalizado para personas afines al PSOE y gastos escandalosos en clubes de alterne pagados con tarjetas black.
La importancia de la comisión es sobre todo política y su interés aumenta por momentos debido a la inminencia de la convocatoria electoral anticipada que se avecina para el día 10 de noviembre.
Este martes se trata de establecer plazos para que los diferentes grupos parlamentarios relacionen el nombre de los comparecientes que deberán prestar testimonio en la comisión y para fijar definitivamente en qué fecha comenzarán a producirse. Además, se acordarán cuestiones sobre la documentación a recabar, su análisis y el funcionamiento interno de la comisión.
La comisión está presidida según acuerdo por mayoría de los partidos con presencia parlamentaria por Enrique Moreno, de Ciudadanos. En julio se aprobó el plan de trabajo por unanimidad, pero se dejó para septiembre que cada grupo presentase su solicitud de comparecientes, que es lo principal que se verá mañana, por ejemplo, si Susana Diaz comparecerá o no, algo que evitó en la pasada edición de la comisión.
Alguna novedad se ha producido en cuanto a la documentación por cuanto se ha pedido información digitalizada al Estado, a la Cámara de Cuentas, a los juzgados, a la Fiscalía y, lo que es ahora relevante tras el cambio de gobierno, a la Junta de Andalucía que es de suponer que no pondrá las trabas habituales hasta este momento para el desarrollo de la investigación.
La comisión de investigación deberá examinar la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Faffe desde su creación hasta la actualidad, todo tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz.
No ha estado exenta de problemas por cuanto inicialmente, y como recuerda El Mundo, la Guardia Civil y la Fiscalía se negaron a facilitar documentos que tengan en su poder por razón de sus propias investigaciones.
Por otra parte, la estrategia del PSOE, el partido afectado por el caso, consistió en paralizar la comisión con una petición masiva de documentación que podría haber colapsado el trabajo de la investigación parlamentaria.
Que es tema de semáforo rojo para el PSOE lo indica a las claras los sucesivos vaivenes de la instrucción judicial en manos de la juez Bolaños, que tiene abierto un sumario sobre la Faffe con más de veinte personas investigadas, el más destacado de ellos Fernando Villén Ruda, ex director general de la Faffe, un destacado socialista gaditano y ex secretario de Empleo de la Ejecutiva socialista andaluza en tiempos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La última anomalía de la instrucción de la juez María Núñez Bolaños fue aprovechar los tres días que estuvo trabajando antes de darse de baja a primeros de septiembre fue desimputar a dos ex altos cargos socialistas en el caso ERE e impedir que la Guardia Civil investigara a un concejal socialista de Jerez relacionado con la Faffe como su juez de apoyo, José Ignacio Vilaplana, había ordenado.
El edil liberado de la investigación antes de que la juez se diera de baja es Francisco Camas, actualmente segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez, gobernado por el PSOE, que presuntamente fue "enchufado", como otros mucho exalcaldes y exconcejales socialistas, en la Fundación Faffe, enchufe cuya veracidad quería investigar el juez de apoyo.
Otros comportamientos extraños de la juez han sido sacar de la sala a una testigo tras su declaración sobre el caso Faffe y hablar con ella en privado, "presionar" se recogió en algunos medios, sin presencia de los abogados o ordenar una investigación contra el letrado del PP por haber filtrado el vídeo de la declaración del ex presidente de la Faffe, Fernando Villén.