Torra desafía al TSJC y se niega a retirar la pancarta a favor de los golpistas presos

El presidente autonómico catalán Quim Torra se niega a retirar la pancarta que pide la libertad de los golpistas presos que cuelga del balcón del palacio de la Generalidad. El TSJC le ha dado un plazo de 48 horas para retirar la propaganda separatista, pero el dirigente regional catalán ha anunciado a través de un comunicado que no arría la tela, que presentará recurso en cuanto le sea comunicado oficialmente el requerimiento del TSJC y que "considera que se trata nuevamente de una vulneración flagrante del derecho a la libertad de opinión y de expresión como ya se produjo cuando la Junta Electoral Central ordenó la retirada de manera irregular y sin tener competencias para hacerlo".

Según la nota de la oficina del president, Torra no retirará la pancarta "porque este (la libertad de los que denomina "presos políticos") es un clamor muy mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con la personas que sufren represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales". Y añade el comunicado: "Es una reivindicación que también han hecho las principales entidades de derechos humanos internacionales, así como el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que insta al 'gobierno' español a cumplir su opinión vinculante y a darle publicidad y difusión".

En resumen, el día que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha avenido a retrasar el juicio a Torra por negarse a retirar la pancarta de los presos separatistas en campaña electoral y le ordena que descuelgue dicha pancarta, Torra se mantiene en sus trece y desafía al TSJC.

El Tribunal Superior estima con su orden a Torra una petición de Impulso Ciudadano, organización constitucionalista presidida por el exdirectivo de Sociedad Civil Catalana y exdiputado autonómico de Ciudadanos José Domingo. La resolución del TSJC nada tiene que ver con la orden cursada en su día por la Junta Electoral Central, que Torra desobedeció de entrada y por la que será juzgado el próximo 18 de noviembre en esa misma instancia judicial. El TSJC reclama a Torra que descuelgue la pancarta al atender la medida cautelar que solicita Impulso Ciudadano relativa a la neutralidad en los espacios y edificios públicos.

Dicha organización solicitó el pasado 27 de mayo la retirada de la pancarta a lo que la Generalidad contestó que Impulso Ciudadano no estaba legitimada para interponer un recurso contencioso al respecto.

Exhibición y uso partidista

Además, el TSJC apunta que "a la pancarta y el símbolo (lazo amarillo) objeto del proceso, colocados, notoriamente con vocación de permanencia, en la fachada del Palau de la Generalitat, les resulta de aplicación lo razonado, para la "estelada", por la STS, Sala 3ª, de 28 de abril de 2016, rec. 827/2015, FJ 2º, a saber : "(que) resulta obvio que su uso y exhibición por un poder público... solo puede ser calificado de partidista en cuanto asociado a una parte -por importante o relevante que sea- de la ciudadanía identificada con una determinada opción ideológica (aunque esta sea compartida por varios partidos o fuerzas electorales), pero no representativa del resto de los ciudadanos que no se alinean con esa opción, ni por consiguiente, con sus símbolos"".

La resolución del TSJC recuerda también que "es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que sostiene que 'las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 de la Constitución Española'".

La resolución incluye un voto particular del magistrado Eduard Paricio Rallo redactado en catalán en el que se muestra a favor de la decisión cautelar pero en contra de la inclusión de argumentos relativos al fondo de la cuestión.

En la pasada campaña electoral, Torra se resistió a la orden de la Junta Electoral de retirar la pancarta durante dos días y la repuso nada más celebradas las elecciones. En el juicio previsto para el próximo 18 de noviembre, la fiscalía solicita una inhabilitación de 18 meses para cargo público.