Ya es la segunda vez que una ausencia de la juez Núñez Bolaños parece agilizar las causas pendientes en su juzgado de instrucción. La primera vez fue el año pasado cuando la juez Pilar Ordóñez, que sustituía a la titular por la recusación del PP, pidió datos de todos los fondos enviados a este ente y de su personal desde el 2001 al 2011. Esto es, pedía la investigación de todos los pagos de la agencia IDEA.
Ahora, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha decidido continuar como procedimiento abreviado las diligencias relativas a una pieza separada del caso ERE contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y otras cinco personas al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
También acuerda, cuenta Europa Press, continuar el procedimiento contra las entidades Vitalia y Holding Europeo Tindex en calidad de responsables civiles subsidiarios y da traslado de la causa al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, pidiendo el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
El asunto es que el ex director general Guerrero aprobó la aprobación de pólizas de seguro sin causa justificada a cuatro amigos y vecinos –uno de ellos el exalcalde socialista de El Pedroso (Sierra Norte de Sevilla), Rafael Rosendo–, lo que les permitió la percepción de unas rentas totalmente injustificables que causaron quebranto al erario público.
Lo dice así el mismo instructor Vilaplana: "Resultaron beneficiadas injustificadamente con elevadas cantidades de dinero al aparecer la propia Dirección General de Trabajo como tomadora de los seguros, cuyas primas se abonaron mediante el método de los llamados 'pagos cruzados' a través de cartas remitidas" por el ex alto cargo investigado".
En todo el proceso fue fundamental que el dinero público hubiera llegado a las compañías aseguradoras por la vía del "procedimiento específico", que es el que ha sido juzgado en la Audiencia sevillana estándose a la espera de la sentencia que recaiga sobre los 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos dos expresidentes del PSOE y de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El juez Vilaplana, en vísperas de la sentencia del juicio que se espera para finales de octubre, se refiere con toda claridad que todas estas ayudas a amigos se hizo aprovechando " el cauce abierto por aquel procedimiento específico".
Por si fuera poco, Vilaplana recuerda que Guerrero "aprovechó la suscripción en el curso de los años 2002, 2006 y 2007 –fundamentalmente– de diversas pólizas de seguro de rentas de supervivencia y capital diferido mediante las cuales la Consejería de Empleo pretendía hacer llegar ayudas públicas a empresas en situación de crisis o conflicto laboral, para introducir en tales pólizas o en sus ampliaciones, al margen de cualquier expediente de regulación de empleo o ayuda sociolaboral".
Sus cuatro amigos fueron "introducidos de manera fraudulenta como asegurados y beneficiarios de las pólizas mediante certificados individuales con la finalidad de ver aumentados indebida y considerablemente sus ingresos mediante la obtención de elevados importes de renta, con cargo a fondos públicos" a pesar de que eran beneficiarios de otras prestaciones o de otras ayudas públicas al mismo tiempo.
El caso de la Sierra Norte de Sevilla en los ERE
Fue un sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien describió la trama de corrupción institucional vinculada a la Sierra Norte de Sevilla, una comarca que fue cebada muy especialmente en el caso de los ERE por razones que sólo se explican desde la estrategia del PSOE de Sevilla, tanto de las relaciones de poder interno como de las necesidades electorales. A esta trama pertenece el caso de los cuatro amigos de Guerrero impulsado ahora por el juez Vilaplana.
El sargento, en calidad de testigo, que las ayudas que se investigan en esta zona eran "opacas" y se concedían por "vecindad, amistad o afinidad política". Se refería al entramado de empresas de los exconcejales del PSOE en El Pedroso (Sevilla) José María Sayago y José Enrique Rosendo –ya fallecido–, hijo del exalcalde socialista Rafael Rosendo, afectado por el caso actual y la investigación sobre las ayudas concentradas en la Sierra Norte.
Según el agente, "no había solicitud formal de ayuda, ni memoria, ni certificado de obra, ni proyecto, no hay ningún tipo de documentación", sólo el convenio particular firmado la Dirección de General de Trabajo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2001.
La juez Núñez Bolaños separó el caso de la Sierra Norte, y especialmente el caso Rosendo-Sayago, del sumario general como hizo con otras muchas piezas. José Enrique Rosendo, hijo de Rafael Rosendo, y su entonces amigo José María Sayago eran los concejales beneficiados con 34 millones de euros en ayudas a empresas constituidas por ellos mismos desde la empresa pública de desarrollo municipal.
Es más, gracias a la juez, interpretando el criterio de la propia Audiencia, ni José Antonio Viera, ni Antonio Fernández ni Francisco Javier Guerrero, iban a ser acusados de nada en esta pieza separada por interpretarse que el actual juicio sobre el procedimiento empleado para la concesión de ayudas engloba al caso concreto de la Sierra Norte y que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos.
Muchos alcaldes del PSOE fueron beneficiarios de ayudas concretas, entre ellos Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien fuera alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, que recibió 8 millones de euros en ayudas.
Otro ejemplo fue que, en una única sesión del consejo rector del Instituto de Fomento e Andalucía, luego agencia IDEA, presidido por el ex consejero Antonio Viera siendo el ex consejero Antonio Fernández vicepresidente, se dieron 16 millones de euros en ayudas a empresas de la Sierra Norte.
Ese mismo día, las empresas de Rosendo y Sayago recibieron seis millones en ayudas troceadas en cinco convenios particulares por valor de 1.200.000 euros, cantidad límite por las que podía aprobarlas el Consejo Rector y no tenían que ser elevadas al Consejo de Gobierno.
Según la Guardia Civil, algunas empresas de Rosendo y Sayago estaban "vacías de contenido", pues no tenían trabajadores. Eran "meros instrumentos para captar fondos públicos", ha resaltado, al hilo de lo que se va conociendo ya en Andalucía como "pescadores de subvenciones".
Hace años, Libertad Digital explicó cómo se fabricaba un empresario privado socialista a partir de fondos públicos. José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, había sido periodista, luego concejal del PSOE en su pueblo donde dirigió una empresa pública de promoción económica y finalmente empresario que llegó a invertir en medios de comunicación.