El TSJC se aviene a retrasar el juicio a Torra hasta después de las elecciones

Satisfacción en la Generalidad. Los recursos del letrado Gonzalo Boye contra el instructor de la causa y dos de los magistrados que debían juzgar a Quim Torra por mantener la propaganda separatista colgada en el balcón de la Generalidad durante la campaña electoral no se llevará a cabo el 25 y 26 de septiembre sino que se retrasa hasta después de las elecciones generales, al 18 de noviembre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) evita así que la vista coincida con el pleno del Parlament previsto para el 25 de este mes y elude la campaña de las generales.

El abogado de Torra presentó en primer lugar un recurso contra el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y la magistrada Mercedes Armas por falta de imparcialidad. Aludía a unas declaraciones de Barrientos en las que el presidente del Tribunal abogada por la neutralidad política en los espacios públicos y al hecho de que hubiera abandonado una conferencia del presidente del Parlament, Roger Torrent, en el colegio de abogados cuando el dirigente republicano se refirió a los golpistas encarcelados como "presos políticos". Sin embargo, se le olvidó presentar la documentación que decía adjuntar en el recurso e incluir la firma de su patrocinado Torra, por lo que el TSJC le advirtió de los defectos de forma.

El segundo recurso de Boye se dirigió contra el magistrado instructor de la causa, Carlos Ramos, por "enemistad manifiesta" y porque fue nombrado juez del TSJC en 2004 a instancias del PSC. En paralelo, Torra dejó entrever que no acudiría al juicio por su coincidencia con el debate de política general del parlamento autonómico y porque no se respetaban su derechos políticos y civiles.

Ahora, el TSJC ha resuelto posponer la vista y aduce falta de tiempo para resolver las recusaciones planteadas por la defensa de Torra y lo hace con una diligencia redactada en catalán, en contraste con los recurso del abogado de Torra, presentados en español a pesar de que el departamento de Justicia de la Generalidad se queja de manera recurrente del descenso en el uso del idioma catalán en los juzgados de la región.

Así pues, el juicio en el que la Fiscalía pide una pena de inhabilitación para Torra de 18 meses se llevará a cabo una vez se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado separatista de hace dos años y pasadas las elecciones generales.