La corrupción nacionalista es un pozo sin fondo con múltiples ramificaciones y derivadas, al punto de que la Fiscalía ha solicitado al titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, una prorroga para continuar investigando el origen de la fortuna internacional de la familia Pujol. En paralelo, el mismo juzgado instruye la causa del tres por ciento en la que han trascendido nuevas grabaciones que implican a Germà Gordó, ex mano derecha de Artur Mas en calidad de secretario del gobierno autonómico y exconsejero de Justicia desde finales de 2012 hasta principios de 2016.
En el caso del clan los Pujol, la Fiscalía está pendiente de la resolución de sendas requisitorias a Andorra y Luxemburgo sobre las cuentas en diferentes bancos a nombre de diversos miembros de la familia, requisitorias que permanecen encalladas en ambos países y que afectan a cantidades superiores a los veinte millones de euros. También se está a la espera de la práctica de unas periciales pedidas por la sociedad en disolución "Grand Tibidado" y que actúa como acusación popular relativas al origen de la fortuna amasada por la familia del expresidente catalán.
Siete años de instrucción
El caso Pujol arranca en 2012, cuando Victoria Álvarez, expareja sentimental de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de Pujol y Marta Ferrusola, denuncia ante la Audiencia Nacional el trasiego de dinero en bolsas de basura entre Barcelona y Andorra. El asunto adquiere una nueva dimensión cuando el expresidente regional Jordi Pujol i Soley "confiesa" el 25 de julio de 2014 que nunca declaró a Hacienda una supuesta herencia de su padre que en teoría era la base de la ingente fortuna familiar.
La Fiscalía ya solicitó hace año y medio una prórroga cuyo plazo vence ahora sin que las autoridades financieras de Andorra y Luxemburgo hayan tenido a bien aportar la información requerida por los investigadores.
Un empresario engañado
Respecto al 3 por ciento, El Periódico de Catalunya publica este sábado los groseros términos de una reunión en 2011 entre Germà Gordó, en aquel momento secretario del Govern autonómico, y el empresario Joan Manuel Parra, a quien los convergentes daban largas para el cobro de una deuda relativa al montaje de los mitines del partido convergente en la campaña de las autonómicas de 2010.
El empresario grabó el encuentro en el que Gordó, entonces maño derecha de Artur Mas, le decía: "Cada vez que te presentes a alguna cosa, me vienes a ver y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente". En cuanto a la deuda pendiente, Gordó expulso que "Un día nos reunimos tú, yo y David Madí. Y digo yo: 'no puedo pagar más que eso, si queréis más que eso, yo no puedo pagarlo'. Otra cosa es que eso se haga cuando lleguemos al Govern, al ayuntamiento... Bueno, un gobierno, que ayudemos a liquidarlo. Pero yo, desde el partido, no. El partido no pagará más que eso. ¿Quedamos así o no?".
La cantidad que se le debía al empresario era de más de 1,2 millones de euros y éste se lamentaba de que "me vendisteis muy bien la moto de que realmente si llegábamos al Govern sería la hostia". En la grabación también se da cuenta de que la persona que envió el partido a pagar al empresario era el titular de una productora que facturaba a TV3. Gordó aseguró en el juzgado que no recuerda tal reunión y que la misma no figura en su agenda.