El separatismo busca una unidad de mínimos para salvar el 'Onze de Setembre'

El separatismo se debate entre la desobediencia y el pragmatismo, entre el choque y la negociación, entre las movilizaciones permanentes y las constantes. Hay personajes que incluso defienden una postura y su contraria, como el propio presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, partidario del enfrentamiento frontal con el Estado y del diálogo.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) está enfrentada con los partidos, enfrentados a su vez entre ellos. También Òmnium Cultural está a disgusto con los políticos. Reprocha al ejecutivo autonómico que se haya apropiado de la campaña "Ho tornarem a fer" ("Lo volveremos a hacer") surgida a raíz del alegato final ante el Tribunal Supremo del presidente de la entidad, Jordi Cuixart.

La desunión es la marca de la casa a pocas semanas para la celebración del "Onze de Setembre", que marca el comienzo del curso separatista. Hay dudas sobre el calado de la manifestación. Se da por descontado que esta vez la exhibición no será tan multitudinaria como en anteriores ediciones, pero también que será suficiente como para mantener la especie de que el independentismo es la opción mayoritaria de la ciudadanía catalana.

Sin embargo, la presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, ya ha dejado caer que el modelo de movilizaciones multitudinarias de los últimos años podría tener los días contados porque no ha servido para conmover ni un ápice al Estado. El separatismo busca una unidad de mínimos para salvar la convocatoria, un apaño de circunstancias que le permita seguir presionando al Gobierno con su poder de convocatoria.

Amnistía, indulto o reforma del Código

También se da por descontado que la sentencia del Tribunal Supremo por el golpe de Estado separatista será dura, una "estocada" según los medios independentistas. Los abogados de los presos y de los fugados ya han introducido en el debate las fórmulas de la amnistía, el indulto y la reforma del Código Penal en materia de rebelión como salidas viables para sus patrocinados.

Se extiende la teoría de que no haría falta que los condenados solicitaran el indulto, pidieran perdón o mostraran arrepentimiento para gozar de los privilegios de la prerrogativa gubernativa. También se apunta que la concesión afectaría al cumplimiento de las penas de cárcel, pero no a los años de inhabilitación.

Durante la celebración de la vista se daba por descontado que cuando se diera a conocer el fallo se convocarían elecciones en Cataluña, pero ese supuesto ya no es el dominante. Torra, que avanzó en varias ocasiones esa hipótesis, la niega ahora con vehemencia. Por contra, el vicepresidente de la Generalidad y valido de Oriol Junqueras, Pere Aragonès, es quien no descarta que la réplica a la sentencia sea una convocatoria electoral cuya campaña vendría dada para los independentistas por el grosor de las condenas.

Puigdemont no quiere elecciones

El fugado Puigdemont se opone a esa respuesta que sería munición para su archienemigo Junqueras. El expresidente trata de mantener el control del movimiento separatista, pero cada vez está más aislado. El "Consejo por la República" no acaba de arrancar y su última reunión, celebrada el pasado 26 de julio, solo sirvió para constatar que en el independentismo hay división de opiniones sobre la "hoja de ruta" a adoptar e incluso si hay que adoptar una "hoja de ruta".

Como siempre, el separatismo está dividido y espera que el "Onze de Setembre" le sirva para dar una imagen de potencia movilizadora y control de la calle. Al respecto, el presidente de Òmnium, Jordi Ciuxart, considera, apunta el diario separatista Ara, que las movilizaciones en respuesta a la sentencia deben de ser constantes, pero no permanentes, mientras que Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y también preso, cree que debe haber una toma de la calle permanente, algo así como un 3 de octubre del 17 (fecha de la huelga posterior al referéndum separatista) prolongado en el tiempo.

Partidos, sindicatos y entidades separatistas han constituido diferentes mesas para tratar de coordinar las respuestas a lo que llaman "represión" del Estado en la que también participan los "comunes", la versión catalana de Podemos. Se pretende que esta vez sí el otoño sea caliente a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando las promesas de Torra sobre un incendio social y político por el proceso en el Supremo quedaron en agua de borrajas.