Con 47 resoluciones tomadas en dos días, el anterior a su baja y el mismo día de su incorporación, la juez Núñez Bolaños ha demostrado que la instrucción de los casos de corrupción que gestiona en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla podía hacerse de otra manera.
La juez Núñez Bolaños se dio de baja el 18 junio, más o menos hace un mes. Ahora sabemos que fue, no por motivos personales como se dijo, sino por algún problema locomotor porque se la vio con muletas en su reincorporación del pasado 17 de julio.
Ese mismo día de baja se conoció que los seis fiscales Anticorrupción que intervienen en los casos de corrupción ligados al PSOE y a la Junta de Andalucía, habían elevado una queja formal a su superior, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, sobre la conducta de la juez Bolaños en diferentes instrucciones y sumarios de estos casos.
Que las cosas podían, y tal vez debían, algo que se sabrá pronto, hacerse de otra manera estaba probado por el comportamiento de su antecesora, la juez Alaya. Pero también por el comportamiento de su juez de apoyo, Álvaro Martín, que llevó a 22 ex altos cargos del PSOE y de la Junta a juicio, todavía, siete meses después, pendiente de sentencia.
Por si fuera poco, en otra baja anterior, hace diez meses, la juez Bolaños fue sustituida por la juez Ordóñez, que demostró una diligencia que contrastó marcadamente con la conducta de la titular. Y hace un mes, en este período de baja poco explicada, su juez de apoyo y encargado provisional del juzgado, José Ignacio Vilaplana, ha demostrado igualmente su celeridad en la práctica de citaciones y en la gestión de los asuntos.
Pero lo que demuestra irrefutablemente que las cosas podían, y tal debían, haberse hecho de otra manera es el propio comportamiento de la juez Núñez Bolaños antes y después de su baja. El día antes de su baja dictó nada menos que 19 resoluciones para mitigar la impresión que daba su inactividad y tal vez por conocer ya la determinación de los fiscales que llevar su caso al Consejo General del Poder Judicial.
Contó ABC que aquellas 19 resoluciones del día anterior a su baja las firmó en un solo minuto según el sistema informático judicial. Casi todas ellas estaban relacionadas con rectificaciones y acelerones de diligencias no practicadas con anterioridad.
Dos de sus rectificaciones fueron decisivas y tenían que ver con la pieza que instruye sobre la famosa Fundación Faffe y la otra, vinculada al caso Ojeda en el macrocaso del fraude de la formación.
Hasta ahora, la juez no había querido investigar los presuntos enchufes, muchos de ellos publicados hace años en la prensa, en la extinta Fundación Faffe, que tiene Comisión de Investigación en el Parlamento de Andalucía además de pieza sumarial propia, que lleva camino de una obstrucción total.
La juez rechazó practicar todas las diligencias pedidas por el PP el pasado mes de marzo, pero rectificó y accedió a una pericial, no de la Intervención General del Estado sino de la Junta, sobre contratos de adjudicación y ordena al Servicio Andaluz de Empleo que aportara los expedientes de personal, sobre todo con los documentos que se refieren a los procedimientos de contratación.
También rectificó la instrucción del caso Ojeda, pieza separada del fraude de la formación, pero vinculado al caso FAFFE. De hecho, redactó un escrito en el que encargaba a la Intervención de la Junta de Andalucía, entre otras cosas, que informara ya sobre los proveedores de cursos de formación de la FAFFE, entre los que se encuentran el ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda y sus empresas. Por fin, atendió a la Fiscalía.
Que las cosas podían hacerse de otra forma lo acaba de demostrar definitivamente la propia juez Núñez Bolaños porque ha firmado nada menos que 28 resoluciones el mismo día de su reincorporación, el pasado día 17 de julio, como destaca ABC.
El propósito de enmienda de la juez parece ser de tal intensidad que muchas de ellas rectifican decisiones que contravenían las peticiones de la Fiscalía que se rebeló contra ellas y las elevó al Consejo General del Poder Judicial. Cita el diario mencionado que entre ellas hay autos que vuelven a investigar a personas cuyos casos fueron sobreseídos en estimación de los recursos de la Fiscalía.
Otros fijan declaraciones dando marcha atrás al sobreseimiento de investigados, estimando recursos de la Fiscalía y otras acordando diligencias antes no acordadas, solicitando medios y dando traslados de providencias.
Por ejemplo, vuelve a considerar investigado a Jesús Andrés Rodríguez, técnico de la Dirección General de Trabajo en le pieza EDM Séneca, donde ya excluyó a otros ex altos cargos de la Junta. Vuelve a considerar investigado, además, al bien conocido ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, en el caso de la póliza del ERE de SOS Cuétara, que le pidió la Fiscalía.