Los políticos, abogados y medios indepes han alimentado durante meses la idea, el anhelo, el deseo o la falacia de que Europa es 'el Dorado' jurídico para los golpistas del 1-O. Un lugar legendario, idílico y maravilloso donde los "demócratas" independentistas catalanes encontrarán sus particulares minas de oro en forma de resoluciones judiciales "justas" que pondrán en evidencia "la tiranía" y la injusticia del "opresor" Estado español.
No podemos negar que este lugar utópico para los indepes empezó a coger forma con la colaboración de Bélgica y Alemania que se negaron a entregar al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, para poder ser juzgado por un delito de rebelión junto a sus camaradas del golpe en el Tribunal Supremo.
Algunas defensas de los acusados planteaban el juicio en España como el partido de ida y las posibles reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo TEDH, como el partido de vuelta. Sin embargo, en el último mes y medio 'el Dorado' golpista ya no brilla tanto y se ha venido abajo estrepitósamente como un castillo de naipes.
El 28 de mayo, el TEDH desestimaba el recurso presentado por el propio Puigdemont, la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell y otros 74 miembros de la Cámara catalana contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la celebración de un pleno del Parlamento de Cataluña el 9 de octubre de 2017. Una sesión en la que el entonces presidente catalán Puigdemont quería valorar los resultados del referéndum ilegal del 1-O.
La resolución de Europa fue un respaldo contundente y sin fisuras a la decisión del TC, argumentando que la suspensión era "necesaria en una sociedad democrática" para "el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás". "Al adoptar la medida cautelar de suspensión", añadía, "el Tribunal Constitucional trató de garantizar el cumplimiento de sus propias decisiones. Esta suspensión parece justificada porque, como señala el Tribunal, los tribunales constitucionales pueden adoptar medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de sus sentencias".
El segundo mazazo de Europa llegaba el 29 de mayo. En una escena ridícula y cómica, el Parlamento Europeo impedía acreditarse a Puigdemont y al exconsejero huído Antoni Comín cuando intentaban iniciar los trámites como diputados electos. Los dos fugados intentaron acceder al edificio del Parlamento Europeo, y les daban con la puerta en las narices. En la lista de que disponían los funcionarios de la Cámara europea sus nombres estaban marcados en gris, y por esta razón se les denegó la entrada.
No hay dos sin tres. El tercer varapalo llegaba también desde el TEDH, que rechazaba otra demanda de Forcadell, en esta ocasión contra su prisión preventiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimaba el recurso presentado por Forcadell contra el Tribunal Constitucional porque estaba "manifiestamente" mal fundado.
El cuarto palo contra los golpistas tenía lugar el mismo lunes, 1 de julio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE rechazaba las medidas cautelares solicitadas por Puigdemont y Comín para ocupar su escaño en la Eurocámara de Estrasburgo, durante la sesión inaugural de la nueva legislatura.
El presidente del TJUE, el luxemburgués, Marc Jaeger, tumbaba uno por uno todos sus argumentos y contestaba que su petición de medidas provisionales "no puede prosperar, de modo que queda desestimada". Ahí, se esfumaba el último sueño europeo del expresidente catalán fugado.
Europa ya no es 'el Dorado' jurídico de los golpistas, aunque la Justicia Europea deberá resolver la cuestión prejudicial tramitada por el Tribunal Supremo sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado.
Los citados varapalos judiciales europeos contra los golpistas vaticinan un otoño jurídico, casi invernal, muy duro y complicado para ellos. Antes debe aflorar la esperada sentencia de los 7 magistrados del Supremo que integran el tribunal del 1-O. 'El Dorado' está maldito.