El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ contra María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, por considerar a la misma responsable de una falta, muy grave o grave, en relación a su actuación en el caso de los ERE, el caso Avales y el caso Idea.
La Fiscalía ha valorado que la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia.
El artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla como falta muy grave "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales". Por su parte, el artículo 418.11 recoge como falta grave "el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave".
La Fiscalía Anticorrupción considera que por este motivo está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos.
La delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, compuesta por seis fiscales que están interviniendo en las macrocausas de corrupción instruidas por el juzgado de María Núñez Bolaños, redactó un informe sobre el comportamiento de la juez y la remitieron al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Un día antes de que se presentara el escrito, la juez se había dado de baja por "motivos personales".
La sustituta de la juez Alaya
María Núñez Bolaños sustituyó en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla en el año 2015 a la juez, Mercedes Alaya, precursora de la investigación de los ERE que ha llevado a sentarse en el banquillo a los expresidentes socialistas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La sustituta de Alaya congeló la investigación judicial y no tomó ni una sola iniciativa para avanzar en la instrucción de esta macrocausa, tal y como han sostenido la propia Fiscalía Anticorrupción o la Audiencia Provincial de Sevilla. De hecho, daba carpetazo a la pieza política del fraude de la formación y contradecía las líneas estratégicas marcadas por Alaya, lo que ha provocado un enfrentamiento público entre ambas.