El Supremo preguntará a la Justicia Europea sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras

La Sala del Tribunal Supremo que ha juzgado el proceso independentista ha accedido a la petición del exvicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, y planteará una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de la Unión Europea (TJUE) para aclarar desde qué momento un diputado electo en el Parlamento Europeo está protegido por la inmunidad parlamentaria.

La defensa de Junqueras solicitó que se acudiera al TJUE en un recurso de súplica contra la decisión del alto tribunal de no permitirle jurar el cargo de europarlamentario ante la Junta Electoral Central (JEC), requisito necesario para poder acudir a la sesión constitutiva de la cámara europea mañana.

Este domingo, el letrado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, presentaba en el Supremo un nuevo escrito insistiendo en la necesidad de plantear una cuestión prejudicial en Luxemburgo para delimitar la inmunidad del preso golpista.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado informaron desfavorablemente sobre este asunto, ya que consideran que es innecesario preguntar al tribunal de Luxemburgo. Ahora, el Supremo decide presentar esta consulta ante la Justicia europea para evitar cualquier litigio judicial futuro en Europa.

Puigdemont y Comín se unen al carro

La defensa del expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y del exconsejero, Toni Comín, cabezas de lista de Junts al Parlamento Europeo, han pedido que su caso se añada a la petición del exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, para que el Tribunal Supremo presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y determine el momento en el que un diputado electo en el Parlamento Europeo está protegido por la inmunidad parlamentaria.

El documento de la petición reclama que se pregunte al TJUE sobre la imposición del trámite de jurar la Consitución presencialmente en Madrid para acceder al acta de eurodiputado, el alcance de la inmunidad parlamentaria y las funciones de la Junta Electoral Central (JEC).

Además, las defensas han advertido de que se trata de una cuestión prejudicial de interpretación, que es "no solo necesaria, sino también obligatoria, que, de no atenderse, implicaría la vulneración de derechos fundamentales".